Liberan a subcomisario acusado de imprimir DTA truchos por $120 millones

Se trata de Daniel Ponce, jefe de la Subcomisaría de Malbrán, quien habría ordenado a sus pares plasmar en papel documentación con membretes y sellos falsos

DEFENSA. Los dres. Emiliano y Martín Aguirre representaron al uniformado.

Por Roxana Díaz Almarás

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Liberan a subcomisario acusado de imprimir DTA truchos por $120 millones Liberan a subcomisario acusado de imprimir DTA truchos por $120 millones

La Cámara de Apelación concedió la excarcelación al subcomisario Daniel Ventura Ponce (jefe de la Subcomisaría de Malbrán), detenido el 6 de febrero, en el marco de una investigación por supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos y cohecho activo en concurso real de delitos.

Según la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Alejandra Sobrero, la causa se activó el 28 de enero pasado, cuando dos efectivos policiales recibieron un mensaje de WhatsApp de un superior, que solicitaba la impresión –en la dependencia policial– de un formulario en PDF con membrete y sellos de la provincia de Córdoba.

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El documento apócrifo correspondía a un Documento de Tránsito Electrónico (DTA), indispensable para el traslado legal de animales vacunos el cual generaba un jugoso negocio en el orden de los $ 120.000.000.

Al imprimirlo, los subalternos advirtieron irregularidades por lo que decidieron consultar a la encargada local del Senasa y a referentes del sector productivo, quienes manifestaron que el documento evidenciaba irregularidades.

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Allí se realizó la correspondiente denuncia y la maniobra quedó al descubierto. Tras una investigación, el 6 de febrero, el funcionario policial fue detenido.

La incipiente investigación estableció que al caer el negocio por la negativa de los dos policías, de madrugada, Ponce salió a la ruta a informar a los choferes de dos camiones que adolecían de la documentación y sería imposible cargar las casi 70 cabezas de ganado, listas para ser transportadas y entregadas a un ganadero cordobés.

Lo que no pudo establecerse aún es la identidad del gendarme, también ligado y divisado junto a Ponce, en teoría con la misión de "liberar" una ruta nacional, al menos hasta que los camiones ingresaran al territorio cordobés, sintetizaron los voceros.

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Un mes más tarde de su detención, la Jueza de Control y Garantías de Añatuya –Ana María González Ruiz– a pedido de la fiscal dictó la prisión preventiva por el plazo de dos años para el uniformado.

La magistrada en ese entonces entendió que estaban vigentes los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación ya que se trataba de un funcionario policial de elevada jerarquía en relaciona sus subordinados, resolución que fue apelada por la defensa técnica a cargo de los Dres. Emiliano Aguirre y Martin Aguirre.

El viernes, se llevó a cabo la audiencia en la que la defensa de Ponce –ante el tribunal– argumentó que los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación invocados por la fiscalía y refrendados por la jueza de control y garantías no eran fundamentos suficientes para justificar la privación de la libertad del imputado ya que consideraron que estos no eran actuales y no tenían efectos procesales.

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Asimismo indicaron que si el hecho ocurrió el 28 de enero y fue detenido 9 días después el peligro de fuga fue inexistente ya que en ese lapso de tiempo hubiera podido eludir el accionar de la justicia.

También manifestaron que se colaboró con la producción de la prueba ya que se brindó el patrón de desbloqueo del celular para que el Gabinete de Pericias del Ministerio Público Fiscal pudiera acceder a las aplicaciones de mensajería.

Además mencionaron que más de diez testigos ya habían ratificado sus dichos en sede judicial. También acreditaron con sobrada documental el arraigo del funcionario policial.

Los Dres. Aguirre al final su alocución solicitaron la excarcelación de su pupilo procesal ya que ninguno de los delitos imputados tiene una pena prevista superior a los 8 años como lo es la del presente caso.

Luego de un cuarto intermedio el Tribunal por unanimidad resolvió otorgar la libertad del subcomisario por entender no existen ni están latentes ningún riesgo procesal (fuga y entorpecimiento en la investigación) y de estarlo el mismo puede ser neutralizado con pedido de medidas de la fiscal a la jueza de control y garantías.