Venta de terrenos del Estado en El Cadillal: "Hay organizaciones que promueven loteos clandestinos", dijo Ferrazzano

Resumen para apurados

La investigación por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal continúa sumando capítulos. Mientras la Justicia avanza sobre nuevas denuncias vinculadas a loteos irregulares en la zona de Ampliación Villa del Parque, desde la Fiscalía de Estado aseguraron que la Provincia intensificó los controles y las acciones judiciales para frenar estas maniobras.

El fiscal adjunto Raúl Ferrazzanoafirmó en diálogo con LA GACETA que el Gobierno provincial mantiene una política de "tolerancia cero" frente a las usurpaciones y a la comercialización clandestina de tierras pertenecientes al Estado.

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"El patrimonio del Estado no se negocia. Defender los bienes públicos es defender los derechos de todos los tucumanos", sostuvo. El funcionario explicó que la intervención no solo busca preservar las tierras fiscales, sino también proteger un área de alto valor ambiental. "En El Cadillal estamos cuidando un ecosistema invalorable, con un enorme valor paisajístico y turístico".

Según indicó, la Fiscalía de Estado trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Catastro, el Registro Inmobiliario y la Policía de Tucumán para detectar ocupaciones ilegales y evitar nuevos loteos clandestinos.

Ferrazzano consideró que durante años existió una falta de control que permitió el avance de estas maniobras. "Seguramente la inacción durante un tiempo llevó a que algunas personas se aprovecharan de esa situación. Eso cambió con la actual gestión, que dio la instrucción precisa de actuar con tolerancia cero frente a las usurpaciones", señaló.

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En ese sentido, aseguró que el organismo impulsa acciones administrativas, civiles y penales para recuperar los inmuebles del Estado. "Vamos a actuar dentro del marco de la ley para recuperar lo que es de todos los tucumanos, caiga quien caiga", enfatizó.

Uno de los principales mensajes del fiscal estuvo dirigido a quienes evalúan adquirir un lote. Ferrazzano advirtió que antes de concretar cualquier operación es indispensable verificar la situación jurídica del inmueble para evitar ser víctimas de estafas.

Explicó que la Dirección General de Catastro puso a disposición un Registro Público de Bienes del Estado, donde cualquier ciudadano puede consultar, mediante el número de padrón, si un terreno pertenece al patrimonio provincial.

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"Hoy hay más de 50.000 padrones publicados. Cualquier comprador, inmobiliaria o escribano puede verificar si se trata de un bien estatal. La primera diligencia antes de comprar un terreno debe ser comprobar quién es el propietario", afirmó.

Además, señaló que luego resulta difícil invocar la buena fe si no se realizaron esas comprobaciones previas.

El fiscal sostuvo que detrás de muchas de estas operaciones no actúan personas aisladas, sino estructuras organizadas.

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"No solo hay compradores. También existen organizaciones que promueven loteos clandestinos e incluso han llegado a falsificar documentación de bienes públicos", denunció.

Según explicó, la Fiscalía monitorea permanentemente distintos sectores de la provincia y, cuando reúne la documentación necesaria, presenta las denuncias penales correspondientes.

"Una vez que tenemos las pruebas vamos a la Justicia para que sobre los responsables recaiga toda la fuerza de la ley", afirmó.

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Ferrazzano destacó además un reciente fallo judicial, al que calificó como "muy importante" porque, según explicó, no solo protege la propiedad estatal, sino que incorpora una mirada ambiental sobre este tipo de conflictos.

"El Cadillal es un parque provincial y una zona protegida. Allí se encuentra un ecosistema invalorable que debe preservarse. Cuando hay desmontes o intervenciones cerca del embalse, también se está afectando un patrimonio ambiental de todos los tucumanos", indicó.

Por último, aseguró que el monitoreo se extiende a otras regiones de la provincia, como los Valles Calchaquíes, y reiteró que el Estado actuará de manera inmediata frente a cualquier intento de ocupación o venta irregular de tierras fiscales.

"Vamos a cuidar el patrimonio público y el medio ambiente con todas las herramientas legales disponibles. Quien ocupe o comercialice ilegalmente tierras del Estado deberá responder ante la Justicia", concluyó.