Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Resumen para apurados

Un empresario y abogado oriundo de Tucumán se convirtió en el eje de una fuerte controversia política en Perú tras revelarse su rol clave y reservado en el entorno de la presidenta Keiko Fujimori. Se trata de Damián Valenzuela Mayer, de 51 años, quien formó parte de la mesa chica de la campaña de Fuerza Popular y a quien investigaciones periodísticas señalan como un colaborador íntimo de la flamante mandataria.

El caso tomó estado público a partir de una investigación del semanario limeño Hildebrandt en sus Trece, según reprodujo el diario La Nación de Argentina, que documentó un encuentro privado entre Fujimori y Valenzuela el pasado 11 de julio en un exclusivo spa del distrito de La Victoria. De acuerdo con la publicación, la entonces mandataria electa y el empresario arribaron y se retiraron en el mismo vehículo con pocos minutos de diferencia.

A diferencia de otros colaboradores extranjeros de Fuerza Popular que tuvieron una marcada exposición pública durante el proceso electoral, el tucumano mantuvo un perfil estrictamente reservado. Sin embargo, su cercanía con el poder quedó en evidencia el 28 de julio, cuando ocupó un lugar de privilegio en el primer piso del hemiciclo del Congreso durante la ceremonia de asunción presidencial y participó luego en la cena de gala oficial.

Nacido en San Miguel de Tucumán y graduado en Derecho en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) a mediados de la década de 1990, Valenzuela dio sus primeros pasos profesionales en la plaza bursátil y de administración de activos local antes de trasladar sus negocios al exterior. Tras radicarse en Miami, consolidó el grupo Latin America Invest, una compañía de servicios financieros y patrimoniales que declara presencia en diez países y que opera formalmente en el mercado peruano desde 2011.

La controversia escaló luego de que Valenzuela iniciara una demanda judicial por un millón de dólares por presunta difamación contra los periodistas a cargo del informe. Frente a esa acción, el medio limeño profundizó la cobertura y expuso un conjunto de resoluciones comerciales y civiles adversas que involucran al financista en distintos países.

Entre esos antecedentes constan fallos judiciales en el estado de Florida, en Estados Unidos, por incumplimiento en la restitución de fondos, como una sentencia por 5 millones de dólares a favor de la firma Chily Star Corp. y otro litigio por 3,1 millones de dólares iniciado por el inversor José Luis Handal. A estas causas se suman la revocación de la licencia a la firma Banfisol S.A. dictada por el Banco Central del Uruguay en 2024 tras detectar irregularidades, además de concursos de acreedores de sociedades en España y registros inactivos en Panamá.

Ante la difusión de estos datos, la defensa legal de Valenzuela emitió un comunicado en el que remarcó que su cliente no cuenta con condenas ni procesos de carácter penal por fraude o delitos patrimoniales.

En paralelo, en el entorno de Fujimori intentaron amortiguar el impacto político del episodio. Aunque algunos ministros desestimaron el tema como un asunto menor sin incidencia en la gestión estatal, la propia Fujimori confirmó en una transmisión pública que Valenzuela colaboró en su campaña dentro de un grupo de allegados internacionales, al tiempo que rechazó las versiones sobre un vínculo de índole sentimental.