Sin acuerdo, el Senado postergó hasta agosto el debate de los proyectos clave del gobierno de Milei
La Cámara alta pasó a un cuarto intermedio ante la falta de consenso para tratar la reforma de la ley de Tierras, desalojos y otras iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza.

Resumen para apurados
El Senado de la Nación resolvió este jueves pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto (luego del receso), tras aprobar por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención la moción presentada por la senadora oficialista Patricia Bullrich.
La falta de consenso obligó a los bloques postergar el tratamiento de los principales proyectos impulsados por La Libertad Avanza (LLA), en una sesión atravesada por el debate público en torno al reclamo argentino por las Islas Malvinas durante el Mundial 2026. Sin los votos asegurados para avanzar con las iniciativas más sensibles, el oficialismo resolvió pasar a un cuarto intermedio y continuar las negociaciones con sus aliados, entre ellos los parlamentarios que responden a los gobernadores.
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La Cámara alta había iniciado la sesión con el objetivo de otorgar media sanción al proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", que incluye modificaciones a las leyes de Tierras, Manejo del Fuego, desalojos y expropiaciones. Sin embargo, cuando estaba por comenzar el debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó aplazar la discusión, pedido que fue aceptado por los bloques aliados, consignó el diario "Ámbito".
Durante el primer tramo de la jornada, los senadores realizaron homenajes a la Selección argentina tras su triunfo frente a Inglaterra, con varios legisladores exhibiendo camisetas albicelestes en sus bancas, mientras el reclamo por Malvinas seguía ocupando el centro del debate público en el contexto del Mundial 2026. Además, el cuerpo aprobó una treintena de pliegos judiciales y seis diplomáticos.
El oficialismo había logrado abrir la sesión con el quorum mínimo de 37 senadores, gracias al respaldo de la UCR, el PRO y representantes de los oficialismos provinciales de Salta, Misiones y Neuquén. Sin embargo, desde el inicio persistían las dudas sobre si contaba con los votos necesarios para aprobar el proyecto y girarlo a Diputados.
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Las diferencias surgieron incluso entre bloques aliados. Aunque los 10 senadores radicales dieron quorum, no todos estaban dispuestos a acompañar la iniciativa. A eso se sumó la circulación de una nueva versión del proyecto -la número 15 desde que obtuvo dictamen-, con modificaciones incorporadas a último momento para intentar reunir los apoyos necesarios.
La iniciativa elimina los límites establecidos por la ley de Tierras de 2011 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y mantiene únicamente restricciones para los Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. También exige esa autorización para operaciones en zonas de seguridad de frontera.
El último borrador eliminó además la aplicación del silencio administrativo para esas autorizaciones e incorporó un artículo que habilita a las provincias a fijar, mediante leyes propias, límites a la venta de tierras a extranjeros. Ese punto generó reparos dentro del Ministerio de Desregulación, donde consideraban que podía entrar en tensión con el artículo 20 de la Constitución Nacional.
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Ante ese escenario, crecieron las versiones sobre la posibilidad de que el proyecto volviera a comisión. Finalmente, Bullrich optó por pedir un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para continuar las negociaciones y evitar una derrota en el recinto.
Tras la sesión, allegados a la senadora aseguraron que el oficialismo contaba con los votos para aprobar la iniciativa, aunque explicaron que prefirieron postergar la definición debido a la ausencia de algunos legisladores aliados y para ampliar el margen de negociación antes de la votación.
En contraste con la postergación de los proyectos centrales, el Senado sí avanzó con la aprobación de 29 pliegos judiciales y seis diplomáticos. Entre ellos figuró el del juez Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyo acuerdo obtuvo 36 votos afirmativos y 31 negativos.

