Qué dice el proyecto de Sturzenegger que divide a oficialismo y oposición

El proyecto oficial, enviado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo de 2026 bajo el Mensaje N° 13/26, y elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se conoce formalmente como "ley de inviolabilidad de la propiedad privada". Según explicó el propio funcionario ante las comisiones del Senado, la iniciativa se apoya en dos ejes centrales de la gestión de Javier Milei: el equilibrio fiscal y la libertad económica, dos principios que, sostuvo, "se realimentan" con el concepto de propiedad privada.

El texto ingresó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General el 6 de abril y recibió, a lo largo de varias reuniones plenarias, más de veinte exposiciones de especialistas, organizaciones sociales y entidades del agro. El dictamen de mayoría se firmó recién el 20 de mayo, pero desde entonces sufrió al menos 15 modificaciones adicionales producto de la negociación con los bloques aliados, lo que retrasó su tratamiento en el recinto durante casi dos meses.

El punto más discutido de la reforma es la derogación de los topes vigentes desde 2011 (Ley 26.737) para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, que hoy limitan al 15% la superficie rural en manos de capitales foráneos. El nuevo régimen delega en cada provincia la potestad de reglamentar restricciones a esas ventas, en línea con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y agrega una referencia expresa al artículo 20, que reconoce a los extranjeros el goce de los derechos civiles de los ciudadanos.

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El dictamen mantiene, sin embargo, algunas limitaciones: se prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización conjunta de la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional. Para las zonas de frontera, se exige el doble aval provincial y nacional.

La reforma también modifica la Ley de Expropiaciones (21.499), restringiendo el concepto de "utilidad pública" y estableciendo que las indemnizaciones se actualicen según el Índice de Precios al Consumidor más una tasa de interés. Además, introduce cambios al Código Procesal Civil y Comercial para agilizar los desalojos: permite la restitución anticipada de un inmueble en un plazo de cinco días bajo caución juratoria cuando el juez considere verosímil el derecho del propietario, y obliga a identificar a los ocupantes —con nombre, apellido y DNI— dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del Defensor Oficial.

Otro de los capítulos más resistidos por organizaciones ambientales es la modificación parcial de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina la restricción de 30 años para cambiar el uso del suelo en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas afectadas por incendios, aunque mantiene la veda de 60 años para humedales y bosques nativos.

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Durante la negociación, el oficialismo debió dar marcha atrás con la derogación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que había generado fuertes críticas, incluso de la Iglesia católica, por el riesgo de desatar una ola de desalojos en barrios populares.

El proyecto llegó al recinto luego de dos intentos fallidos por falta de acuerdo político y quórum, incluida una sesión de principios de junio en la que el oficialismo terminó postergando su votación para no arriesgar el resultado. Para la sesión del 16 de julio —la última antes del receso invernal—, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el temario incluyó además unos 30 pliegos judiciales y diplomáticos, entre ellos la polémica prórroga del camarista Víctor Pesino, y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán "capital simbólica" de la Independencia.

El oficialismo, conducido en la Cámara alta por Patricia Bullrich, necesitaba reunir 37 senadores para el quórum, un número que hasta último momento generaba dudas dentro del bloque libertario y sus aliados, en un contexto atravesado por tensiones internas en Misiones y la ausencia de varios legisladores por el receso invernal adelantado en algunas provincias.

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Para el Gobierno, la ley busca dar previsibilidad jurídica y atraer inversiones, terminando con lo que Sturzenegger definió como una "limitación irrazonable" a la actividad económica. El oficialismo argumenta, además, que el esquema de decisión provincial respeta el federalismo, siguiendo la lógica aplicada previamente en la Ley de Glaciares.

Desde la oposición, el bloque Unión por la Patria y el Justicialismo cuestionaron tanto el fondo como la forma del debate. La senadora Florencia López reclamó más tiempo para analizar un dictamen "que circula con modificaciones de un día para el otro". Especialistas como el constitucionalista Daniel Sabsay reconocieron avances en materia de seguridad jurídica, pero señalaron retrocesos en la protección ambiental vinculada al fuego. Organizaciones de inquilinos, como Inquilinos Agrupados, advirtieron sobre los riesgos del "desalojo ultra exprés", mientras que desde el Observatorio de Tierras del Conicet remarcaron que la ley vigente de tierras rurales nunca apuntó a restringir a quienes trabajan la tierra, sino el control externo del territorio.

Más allá de la discusión técnica, el proyecto de Propiedad Privada funciona como un test político para el Gobierno de Milei en un año electoral. Su aprobación en el Senado no cierra el debate: de lograr media sanción, la definición pasará a Diputados, donde deberá sortear una discusión igual de compleja sobre un texto que ya acumula quince versiones y cuya redacción final todavía genera dudas entre los propios aliados oficialistas.

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El proyecto expone además una tensión de fondo que excede lo jurídico: mientras el oficialismo lo presenta como una defensa del derecho de propiedad y un incentivo a la inversión extranjera, sectores de la oposición y organizaciones ambientales lo interpretan como una apertura a la extranjerización de recursos estratégicos —tierra, agua, zonas de frontera— con menor control estatal. La resolución de ese dilema, entre soberanía territorial y atracción de capitales, probablemente marque el tono de la discusión cuando el texto llegue a la Cámara de Diputados.

Habrá que seguir de cerca, en las próximas horas, si el oficialismo logró el quórum necesario y qué cambios de último momento se introdujeron en la votación en particular, un punto que —según fuentes parlamentarias— seguía sin estar cerrado horas antes del inicio de la sesión.

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