Otra jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad: sobreseyó a un chico de 14 años

Resumen para apurados

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años, en el marco de una causa caratulada como tentativa de robo. La resolución fue firmada por la jueza Laura De Marinis y se convirtió en el segundo fallo judicial contrario a la normativa que establece la baja de la edad de imputabilidad.

El caso se inició a partir de la denuncia de un hombre de 47 años, quien relató que caminaba por la calle cuando observó a cinco jóvenes "en actitud sospechosa". Según su testimonio, tres de ellos se encontraban ubicados en distintos puntos de una esquina.

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El denunciante continuó caminando sin perderlos de vista hasta que uno de los jóvenes le gritó: "Dame todo. Dame el celular". Ante esa situación, comenzó a correr y pidió ayuda a un agente de la Policía de la Ciudad.

"La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial", señaló De Marinis en su fallo, al que tuvo acceso TN.

La magistrada sostuvo que no desconoce que "el robo de por sí es un hecho violento y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado".

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Sin embargo, consideró que las circunstancias particulares del caso deben ser contempladas. "Al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia", afirmó.

En otro tramo de la resolución, De Marinis planteó una reflexión sobre la respuesta de la sociedad frente a las infracciones cometidas por niños y adolescentes.

"Es fundamental que como sociedad nos preguntemos: ¿cuál es la respuesta del mundo adulto ante la conducta de un adolescente que implica una infracción penal? ¿Qué hacemos como sociedad cuando un niño o un adolescente por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil comete un delito?", escribió.

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Para la jueza, ante una conducta que infringe la ley penal, el Estado debe intervenir a través de "las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos".

En ese marco, sostuvo que el principio de proporcionalidad permite analizar si la baja de la edad de punibilidad resulta regresiva en cada caso concreto.

"Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", expresó.

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De Marinis aclaró que no pretende "romantizar la infracción penal juvenil", sino advertir que la incorporación al sistema penal debe ser "el último recurso" y que, en algunas trayectorias vitales, "lamentablemente es el primero".

Tras conocerse la resolución, la senadora Patricia Bullrich cuestionó públicamente la decisión de la jueza. "Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad", escribió la exministra en su cuenta de X.

El fallo porteño se suma a la decisión de Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien resolvió suspender durante 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

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Al responder a las críticas que recibió por su resolución, Pascual afirmó: "No romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad".

La magistrada aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicar la medida sin que existan las condiciones necesarias.

"Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes", explicó.

En los fundamentos de su fallo, Pascual también puso en duda que la provincia cuente con "las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez".