Malvinas: el Gobierno estudia incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones
El planteo surgió de entidades del sector y también fue respaldado por el peronismo, que reclama incorporar expresamente esta actividad.
Resumen para apurados
El Gobierno de Javier Milei analiza ampliar el alcance de las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya letra final se encuentra en plena redacción, a otras actividades vinculadas con la explotación de recursos en las islas Malvinas.
Entre las alternativas en estudio aparece la pesca ilegal, según confirmó una fuente oficial al portal Infobae.
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El planteo había sido formulado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), que reclamó aplicar a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas el mismo criterio que se utiliza contra las empresas petroleras que operan en las islas.
A partir de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei, la administración libertaria evalúa extender los alcances de la Ley 26.659, conocida popularmente como "Ley Pino Solanas". La norma fue aprobada por unanimidad el 16 de marzo de 2011, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, y establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo pueden realizarse bajo habilitación emitida por autoridad competente argentina.
En Casa Rosada discuten la posibilidad de endurecer las penas y ampliar las actividades "de negocios" alcanzadas en las islas. La alternativa fue conversada en la última reunión de la mesa política, que tuvo lugar el pasado martes.
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De avanzar la propuesta, la ampliación podría incorporarse al esquema de sanciones contra las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
El planteo también pone el foco en la Ley Federal de Pesca, que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en las aguas, aunque existen reclamos en torno a su aplicación.
El peronismo reclama que las empresas y los actores vinculados con la explotación de los recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen de sanciones. El pedido se suma al de las entidades del sector, que buscan que la pesca sea incorporada expresamente al proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
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Si finalmente el Gobierno avanza con esta alternativa, quedará contemplada en el proyecto que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.
