Ley del libro: el gobierno de Milei dejó fuera del Congreso el proyecto oficial
El mandatario libertario confirmó que la iniciativa "no entró ni va a entrar" al Parlamento nacional. La propuesta impulsada por el Ministerio de Desregulación buscaba eliminar el precio fijo.
Resumen para apurados
El gobierno de Javier Milei decidió dejar fuera de la agenda legislativa la reforma de la Ley del Libro que contemplaba eliminar el precio fijo para los ejemplares. La decisión fue confirmada por el mandatario libertario, quien señaló que la iniciativa "no entró ni va a entrar" al Congreso.
La propuesta había sido elaborada por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y planteaba eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece que el editor fija un precio para cada libro y que ese valor es el único al que puede venderse.
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El cambio buscaba habilitar la competencia de precios con el argumento de que los descuentos y promociones permitirían reducir el valor que pagan los lectores. Sin embargo, la iniciativa generó rechazo entre distintos sectores de la industria editorial y librera, que advirtieron sobre el impacto que podría tener sobre las librerías independientes y la diversidad de títulos disponibles, consignó el sitio Infobae.
La decisión de retirar el tema de la agenda legislativa fue anticipada por la senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que el bloque oficialista busca avanzar "hacia medidas más estructurales" y consideró que "farmacias y librerías no lo son".
El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación proponía eliminar la normativa que establece el precio fijo de los libros. Actualmente, el editor determina el valor de cada ejemplar y ese precio debe ser respetado al momento de la venta.
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En el gobierno libertario habían defendido la iniciativa bajo el argumento de que la eliminación de esa restricción permitiría a las librerías competir mediante descuentos, promociones y otras estrategias comerciales.
El Ministerio de Desregulación había sostenido que el objetivo principal era hacer que los libros fueran más accesibles para los lectores y que una mayor competencia generaría más opciones y mejores precios.
También había remarcado que la reforma no implicaba eliminar editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales, sino únicamente la prohibición de competir mediante los precios.
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Desde que se conoció la iniciativa, la defensa de la Ley de Precio Fijo fue planteada por distintos actores del sector editorial y librero.
El argumento central de quienes rechazaron la desregulación es que el precio único evita que los grandes jugadores realicen descuentos muy agresivos sobre los títulos de mayor venta, una práctica que, según sostienen, podría perjudicar a las librerías más pequeñas.
También advirtieron que una competencia de ese tipo podría provocar el cierre de librerías que, además de los títulos de mayor circulación, ofrecen libros de tiradas menores y contribuyen a mantener una mayor diversidad de publicaciones disponibles.
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En los últimos días, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes participaron de una reunión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para explicar los motivos de su rechazo a la propuesta.
Dentro del sector también hubo posiciones que plantearon la necesidad de actualizar la legislación vigente, aunque sin avanzar hacia una desregulación del precio. La discusión surgió a partir de los cambios tecnológicos y de las nuevas modalidades de consumo y comercialización de libros.
Pese al anuncio de que la iniciativa no formará parte de la agenda legislativa actual, desde el Ministerio de Desregulación señalaron que "no hay nada definido" respecto de la ley.
La interpretación oficial es que, en este momento, la derogación del precio fijo no forma parte de ningún proyecto que pueda ser debatido en el Congreso.
En paralelo, desde las oficinas de Sturzenegger señalaron que existe disposición para dialogar con los distintos sectores involucrados, aunque remarcaron la necesidad de contemplar también a los lectores, que son quienes compran los libros.
La discusión, de este modo, quedó fuera de la agenda legislativa inmediata, después del rechazo generado entre libreros y editores y de la decisión del Gobierno de priorizar otras medidas.
