Ley de Tierras: fuerte reacción opositora tras el fallo de la Corte que dejó vigente su derogación
Legisladores de distintos bloques cuestionaron la decisión del máximo tribunal y volvieron a reclamar el rechazo del DNU 70/2023, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024.
Resumen para apurados
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no tenía legitimación para impulsar esa acción judicial.
La resolución dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y, como consecuencia, quedó vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/2023. Sin embargo, la Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni resolvió el fondo de la discusión sobre la Ley de Tierras.
El fallo generó cuestionamientos de legisladores de distintos sectores de la oposición. Entre los principales reclamos apareció nuevamente el pedido para que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, que ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Según la información parlamentaria, el decreto continúa vigente mientras no se produzca también su rechazo en Diputados.
La senadora nacional Juliana di Tullio, del bloque Justicialista, cuestionó la decisión y vinculó el debate con la defensa de la propiedad y la soberanía territorial.
En el mismo sentido se expresó el senador Martín Soria, quien cuestionó el papel de la Corte y planteó que el máximo tribunal intervino después de que el Congreso rechazara una modificación vinculada con la normativa sobre tierras.
También hubo críticas de Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien cuestionó el fallo y apuntó contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, firmantes de la resolución.
El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, también manifestó su rechazo a la decisión y convocó a expresar el desacuerdo frente a la sede de la Corte Suprema.
Por su parte, Lucía Cámpora, de Unión por la Patria, cuestionó el criterio adoptado por el máximo tribunal en relación con la demanda presentada por el CECIM La Plata.
Más allá de las críticas al fallo judicial, varios legisladores pusieron nuevamente el foco en el DNU 70/2023.
La senadora rionegrina Ana Marks, del bloque Justicialista, sostuvo que la Cámara de Diputados debe avanzar con el rechazo del decreto. El planteo apunta a que el Congreso complete el proceso previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
La diputada Agustina Propato también reclamó al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el artículo 154 del DNU, mientras que Bregman volvió a pedir una sesión especial en Diputados para discutir el rechazo del decreto.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Esa norma establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La cuestión central del fallo fue la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para presentar la demanda. La Corte consideró que no estaba configurado un caso o controversia judicial que permitiera avanzar con el planteo realizado por la organización.
Por ese motivo, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata. La resolución no determinó que el artículo 154 sea constitucional, sino que rechazó la demanda por cuestiones vinculadas con la legitimación de la entidad que la había presentado y con la existencia de un caso judicial.
El debate político, de todos modos, continúa en el Congreso: mientras el Senado ya rechazó el DNU 70/2023, Diputados todavía puede tratarlo. De producirse también allí el rechazo, se modificaría la situación jurídica generada por el decreto.
