Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: las 12 claves del proyecto del Gobierno sobre Malvinas, seguridad y recursos

El Ejecutivo envió al Congreso una amplia reforma que redefine el sistema de seguridad y defensa. Endurece penas por la explotación ilegal en el Atlántico Sur, crea el Consejo de Seguridad Nacional, restablece el régimen de derribo e incorpora herramientas económicas y de inteligencia contra amenazas externas.

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El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que transforma de manera radical el esquema de seguridad, defensa y control de recursos del país. Si bien la iniciativa tuvo como punto de partida y detonante la disputa geopolítica por las Islas Malvinas y la explotación petrolera no autorizada en el Atlántico Sur, el texto definitivo escaló hasta convertirse en una reforma estructural integral.

La normativa articula una conducción centralizada bajo la órbita presidencial e integra áreas hasta ahora fragmentadas, como la política exterior, la economía, la ciberseguridad, la protección de infraestructura crítica y la inteligencia estratégica. A continuación, se detallan las 12 claves fundamentales de la iniciativa que debate el Poder Legislativo:

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- 1. Protección ampliada de recursos naturales en Malvinas: Se extiende la prohibición y el control a todos los recursos naturales (incluyendo la pesca) en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental. La responsabilidad alcanza a toda la cadena, abarcando a empresas operadoras, socios, accionistas y proveedores de servicios logísticos y financieros.

- 2. Sanciones severas y penas de hasta 20 años: El régimen contempla multas de hasta 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones comerciales y penas de prisión de entre 5 y 20 años para quienes realicen explotación hidrocarburífera o de recursos naturales sin autorización argentina.

- 3. Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Se crea un órgano rector presidido por el Presidente de la Nación e integrado por ministros clave y jefes de inteligencia para coordinar una estrategia común en materia de seguridad, defensa, economía y diplomacia.

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- 4. Bloqueo de activos y aranceles de hasta el 75%: Ante amenazas externas, el Consejo podrá restringir operaciones financieras, bloquear activos y aplicar un aumento temporal de hasta el 75% en los derechos de importación y exportación al Estado extranjero involucrado.

- 5. Restablecimiento del régimen de derribo: Se establece un procedimiento secuencial para aeronaves irregulares u hostiles, permitiendo como último recurso el uso de la fuerza con autorización expresa del Presidente o del ministro de Defensa.

- 6. Límites estrictos a la influencia extranjera: Se prohíbe el financiamiento extranjero en campañas electorales y se tipifican con penas de hasta 20 años las operaciones clandestinas de inteligencia, la transmisión de secretos y las campañas de desinformación masiva financiadas por agentes externos.

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- 7. Nueva definición de Seguridad Nacional: Se crea un Sistema de Seguridad Nacional que integra funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas y de inteligencia, ampliando su alcance a alta mar, el ciberespacio y el espacio electromagnético.

- 8. Modificación del concepto de Defensa y rol de las Fuerzas Armadas: La Defensa Nacional se redefine para proteger la soberanía frente a amenazas estatales y no estatales (tanto cinéticas como no cinéticas), preparando a las Fuerzas Armadas para operaciones convencionales, no convencionales y de protección de infraestructura crítica.

- 9. Protección de infraestructuras críticas: Se crea un régimen nacional obligatorio para resguardar bienes y servicios esenciales —incluyendo energía, comunicaciones y centros de datos— bajo la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional.

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- 10. Nuevo procedimiento para el control naval: Se regula el uso de la fuerza sobre embarcaciones, permitiendo disparos para inutilizar buques infractores, mientras que el hundimiento queda reservado exclusivamente como una medida militar extrema autorizada por el Poder Ejecutivo.

- 11. Régimen de desistimiento y regularización: Se otorga una vía de salida para que las empresas infractoras cesen sus actividades ilegales, paguen multas o reconviertan sus inversiones hacia proyectos legales en el país a cambio de extinguir las acciones penales y administrativas.

- 12. Rango legal para el RePET y normas antiterrorismo: Se eleva formalmente a ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), facultando a la UIF a inmovilizar activos y tipificando con prisión el apoyo material a organizaciones terroristas, detalla el portal de Infobae.