La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

Resumen para apurados

De cara al próximo escenario electoral, La Libertad Avanza comenzó a delinear su propuesta de gobierno para Tucumán y puso a la reforma del Estado entre sus principales ejes. Nahuel Ríos, licenciado en Economía y referente del espacio, explicó en LA GACETA que el proyecto fue elaborado a partir del análisis del presupuesto provincial y de las funciones que actualmente cumplen los distintos organismos.

El objetivo que plantea es concreto: reducir aproximadamente un 25% de los gastos del presupuesto provincial. "No es una cuestión de decir que se va a bajar por sí, sino que primero hay que hacer una reducción del gasto público", dijo Ríos.

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Para el economista, antes de discutir cuánto debe gastar el Estado hay que definir qué necesita un tucumano de él. Desde la mirada de La Libertad Avanza, las funciones prioritarias son la protección de la vida y la propiedad, la seguridad, la Justicia, la educación y la salud.

Según Ríos, esas áreas representan aproximadamente el 50% del presupuesto provincial. Por eso, la discusión sobre la reducción del gasto debería concentrarse principalmente en el resto de la estructura estatal, particularmente en los gastos administrativos.

"Lo que nosotros estamos planteando es como base un 50% del presupuesto", aclaró, al remarcar que la intención no es eliminar las funciones esenciales del Estado.

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Uno de los principales cambios propuestos es una reducción de la cantidad de ministerios que actualmente tiene la Provincia. Ríos tomó como referencia la estructura nacional y planteó la posibilidad de concentrar áreas que hoy funcionan de manera independiente dentro de una estructura más amplia, como un eventual Ministerio de Capital Humano.

La idea sería reunir bajo una misma conducción áreas como educación, salud y asistencia social. "Sería lógico que una sola persona, en este caso un ministro de Capital Humano, pueda pensar en términos de educación, pueda pensar en términos de salud y hasta incluso en términos de asistencia social", explicó.

Según su análisis, el actual esquema genera una disputa por los recursos entre distintos ministerios. La propuesta busca reemplazar esa lógica por una planificación conjunta, con el ciudadano como centro de las decisiones.

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También cuestionó la separación entre Economía y Producción e Infraestructura. Para Ríos, ambas áreas deberían ser pensadas dentro de una misma estrategia porque la infraestructura está directamente relacionada con el desarrollo productivo.

Otro de los ejes de la reforma es avanzar hacia una digitalización completa del Estado. Ríos consideró que ya no resulta razonable que un ciudadano tenga que trasladarse personalmente hasta una dependencia pública para realizar trámites que podrían resolverse mediante un teléfono o una computadora.

"No es concebible en algún punto que nosotros en el año 2026 tengamos que hacer algún tipo de trámite en cualquier nivel del Estado haciéndolo de forma presencial", afirmó.

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La propuesta contempla que la digitalización alcance a todos los niveles de la administración: Gobierno provincial, municipios y comunas.

El economista reconoció que para llevar adelante ese proceso será necesario mejorar la conectividad, especialmente en distintos puntos del interior. Pero sostuvo que el cambio permitiría reducir costos, agilizar los procedimientos y disminuir el volumen de documentación que actualmente debe administrar el Estado.

La reforma también incluye una revisión del gasto de la Legislatura. Sin embargo, Ríos aclaró que la propuesta no necesariamente implica reducir la cantidad de bancas.

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El foco estaría puesto en conocer cuánto cuesta la estructura que acompaña a la función legislativa y cuántas personas trabajan efectivamente en ella.

"Yo estudio temas de presupuesto de Tucumán hace 10 años y, por ejemplo, nunca pude conseguir el número final de cuántas personas trabajan en la Legislatura", cuestionó.

Para el referente libertario, el debate debería pasar por la cantidad de asesores, empleados y recursos destinados al funcionamiento del Poder Legislativo y por el acceso a la información pública.

Otro de los puntos que plantea La Libertad Avanza es revisar la superposición de funciones entre los distintos niveles del Estado. Ríos utilizó como ejemplo la seguridad. Según explicó, ante determinadas falencias de la Provincia, algunos municipios comenzaron a crear sus propias guardias municipales.

El resultado, desde su perspectiva, es una duplicación del gasto. "Si nosotros empezamos a duplicar funciones, empezamos a agrandar el Estado como tal", sostuvo.

La propuesta apunta a determinar con mayor precisión qué responsabilidades corresponden a la Provincia y cuáles a los municipios, con el objetivo de evitar que dos organismos destinen recursos para cumplir funciones similares.

La reforma del Estado está vinculada directamente con la propuesta impositiva de La Libertad Avanza. Ríos sostuvo que no sería posible reducir impuestos sin modificar previamente la estructura del gasto. En ese sentido, cuestionó especialmente el peso de Ingresos Brutos sobre la actividad económica.

La intención es avanzar hacia un sistema impositivo "sencillo" y con menor presión sobre quienes producen, invierten y generan empleo.

Según el economista, Tucumán necesita crear condiciones para que aumente la cantidad de empresas privadas y se reduzcan los niveles de desempleo y subempleo.

Estimó que unas 100.000 personas se encuentran actualmente en alguna de esas dos situaciones y consideró que la provincia debería apostar especialmente por el desarrollo de los servicios y por convertirse en un centro logístico del norte argentino.

La reforma también alcanza a la infraestructura. En este punto, Ríos planteó que algunas obras podrían ser realizadas mediante inversión privada y mencionó como referencia el sistema de concesiones utilizado en Chile.

La idea sería que una empresa privada pueda financiar, por ejemplo, la construcción de una ruta y recuperar posteriormente la inversión mediante el cobro de un peaje.

Sin embargo, reconoció que existen obras que difícilmente resulten atractivas para un privado y que, por sus características, deberían continuar bajo responsabilidad del Estado.

Entre ellas aparecen las obras destinadas a prevenir inundaciones. En ese sentido, cuestionó que en Tucumán se hayan presupuestado en distintas oportunidades obras de infraestructura que finalmente no fueron ejecutadas.

Según explicó, el problema no siempre estaría en la falta de recursos, sino también en el nivel de ejecución de las partidas destinadas a inversión.

Uno de los interrogantes que abrió la propuesta es qué sucedería con los empleados públicos. Ríos buscó diferenciar entre los trabajadores que cumplen funciones esenciales y aquellos vinculados a la estructura administrativa.

"Empleado público es un policía, es un docente, es un médico que está dentro de los hospitales públicos", señaló.

Para La Libertad Avanza, esas áreas forman parte de las funciones prioritarias que debe garantizar el Estado y, por lo tanto, no serían el principal objetivo de la reducción.

La discusión estaría concentrada en la estructura administrativa, los organismos y las funciones que, según el espacio, pueden reorganizarse para reducir costos.

El objetivo final, según Ríos, es que ese ahorro permita avanzar hacia una menor presión impositiva y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para la inversión y el empleo privado. "Lo que queremos es un Estado razonable para lo que se plantea", resumió.