La oposición busca llevar al recinto el rechazo al DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras

Resumen para apurados

La oposición en la Cámara de Diputados busca reunir los votos para convocar a una sesión especial y rechazar el DNU 70/2023, luego de que la Corte Suprema dejara nuevamente vigente el artículo 154 del decreto, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La ofensiva parlamentaria se produce mientras el oficialismo comienza a debatir en Diputados su proyecto para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La discusión sobre la propiedad de tierras rurales volvió así a quedar vinculada con uno de los principales ejes de la política exterior y territorial del Gobierno.

Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda, junto con algunos espacios provinciales, evalúan solicitar una sesión especial para el miércoles 7 o el 14 de octubre. Para abrir el debate necesitan reunir 129 diputados en el recinto y, una vez alcanzado el quórum, obtener una mayoría simple de los presentes para rechazar el decreto.

El DNU 70/23 ya recibió un revés en el Congreso: el Senado lo rechazó en marzo de 2024. La oposición busca ahora repetir esa decisión en la Cámara baja y dejar sin efecto la norma por la vía legislativa.

El nuevo escenario se desencadenó por el fallo de la Corte Suprema conocido esta semana. El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU, pero aclaró que su decisión se basó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar la demanda y en la inexistencia de un caso o controversia judicial concreta.

Por lo tanto, la Corte no resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni sobre la validez del DNU en ese aspecto. Sin embargo, al quedar sin efecto el fallo que había frenado su aplicación, volvió a regir la derogación de la Ley de Tierras Rurales. 

La ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad y la superficie que podía adquirir una misma persona. 

El principal desafío para los impulsores de la sesión especial será reunir a todos los sectores necesarios para alcanzar el quórum. La estrategia opositora todavía enfrenta dudas respecto de la posición que adoptarán algunos bloques de centro y legisladores provinciales que respaldan otros capítulos del DNU.

Uno de los argumentos que circulan entre los impulsores de la iniciativa es que el decreto perdió vigencia práctica en algunos de sus componentes originales porque varias de las emergencias y disposiciones que contenía vencieron o fueron reemplazadas posteriormente por leyes aprobadas por el Congreso.

En esa línea, algunos diputados plantean que las cuestiones vinculadas con alquileres, privatizaciones u obras sociales podrían ser abordadas mediante proyectos de ley específicos, en lugar de sostener la vigencia integral del DNU.

La discusión se entrecruza con el debate que comenzó en Diputados sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno en relación con las Islas Malvinas.

El bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, mantuvo una reunión con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), la organización que había promovido la demanda judicial contra el artículo 154.

Martínez también reclamó durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto que se establezca un cronograma de trabajo sobre Malvinas y anticipó la intención de avanzar con una sesión especial para discutir el DNU 70/23.

La discusión parlamentaria quedó así atravesada por dos debates que el oficialismo procura mantener separados: por un lado, su iniciativa para reforzar el reclamo argentino sobre las Malvinas; por otro, la disputa política por la derogación de la Ley de Tierras Rurales y el alcance de las restricciones a la adquisición de campos por extranjeros.