Jujuy declaró la emergencia energética y tarifaria tras el temporal de viento

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Alberto Siufi, encabezó este martes una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para informar sobre las medidas adoptadas tras el temporal de viento norte que, desde el viernes pasado, dejó sin servicio eléctrico a unas 80 mil familias en distintos puntos de la provincia.

Siufi explicó que, aunque algunas familias sufrieron cortes de ocho horas y otras de hasta 24, todavía este martes había hogares aislados sin servicio, mientras las cuadrillas continuaban trabajando para restablecer el suministro. Según el funcionario, se trató de "un evento que nunca habíamos vivido con anterioridad en esta magnitud".

La empresa EJESA había atribuido, el sábado, la falla al que calificó como el peor fenómeno climático de los últimos 30 años. Sin embargo, el Gobierno provincial rechazó esa explicación: recordó que el viento norte es un fenómeno habitual en Jujuy y citó como antecedente un episodio de similares características ocurrido el 7 de mayo. Para Siufi, este tipo de eventos "son históricos" en la provincia y "se pueden y se tienen que poder prevenir".

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El funcionario puso el foco en lo que definió como una empresa "desbordada, sin capacidad de respuesta". Recordó que el gobernador debió intervenir personalmente durante la tarde-noche del sábado para reforzar los operativos, lo que incluyó la llegada de grúas y equipos desde la provincia de Tucumán.

Siufi adelantó que se revisarán con mayor profundidad los planes de contingencia de la empresa, más allá de las auditorías habituales que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) sobre las inversiones. "Lo que hemos encontrado es que esa capacidad de respuesta se ha visto fuertemente dañada en los últimos tiempos", señaló.

El secretario reconoció que EJESA venía acumulando un fuerte malestar social por el aumento de las tarifas. Precisó que la porción provincial de la factura aumentó un 350% en línea con la inflación, mientras que los componentes de generación y transporte —de competencia nacional— se incrementaron más del 1000% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. "La gente no entiende eso, y menos en un evento como este", admitió.

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En ese contexto, el Gobierno de Jujuy dictó ayer el decreto acuerdo 5658, con fecha 20 de julio, que declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027, en línea con la emergencia dispuesta por el Gobierno nacional en julio.

Entre los principales puntos del decreto, Siufi detalló:

Cortes de servicio: no podrán aplicarse hasta 20 días corridos después del segundo vencimiento de la factura (antes se cortaba a los 20 días del primer vencimiento).

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Retiro de medidores: no podrá efectuarse hasta 60 días corridos después del corte del servicio.

Intereses punitorios: se prohíbe su cobro tanto a EJESA  como a la empresa de Agua Potable.

Refinanciación conjunta: quienes refinancien la deuda de energía podrán incluir también la deuda de agua en el mismo plan de pagos.

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Subsidios vigentes: se mantiene el descuento del 50% en la tarifa para la Puna y continúa abierta la incorporación a la tarifa social, de la que ya participan entre 68 mil y 70 mil familias.

El artículo 2 del decreto faculta a la Secretaría de Energía para instruir a la SUSEPU medidas excepcionales, que según Siufi se conocerán en las próximas horas. Entre ellas:

Una compensación económica extraordinaria en la factura siguiente, calculada según la cantidad de horas sin servicio.

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Un mecanismo de reparación de daños para electrodomésticos y artefactos afectados por los cortes, así como para pequeños comercios que perdieron mercadería.

La revisión de eventuales multas contractuales a EJESA por el incumplimiento del servicio.

Siufi aclaró que estas compensaciones se aplicarán una vez que la SUSEPU formalice la normativa —algo que el Gobierno espera anunciar en las próximas horas— y no de manera retroactiva a hechos previos a su sanción.

Consultado sobre un proyecto legislativo vinculado a una eventual reestatización de la empresa, Siufi explicó que el contrato de concesión, firmado por 55 años, prevé revisiones cada diez años en las que puede realizarse una compulsa internacional de interesados en adquirir la empresa. Ese proceso venció en 2021, en plena pandemia, y fue postergado.

El funcionario fue tajante: "No está en el objetivo del Gobierno estatizar esto. Tiene un costo que es imposible absorber. No está en los planes del Gobierno".

Sobre el mecanismo puntual de las compensaciones —si cubrirán el total o un porcentaje de la mercadería dañada— Siufi remitió a la SUSEPU, que continúa trabajando en el esquema y en los requisitos que deberán acreditar los usuarios afectados. El Gobierno estima que el anuncio formal podría producirse este miércoles.

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