Jujuy busca fortalecer la protección a las infancias

Con la participación de organismos de los tres poderes del Estado y de organizaciones civiles, se realizó ayer la primera sesión del Consejo Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio que busca fortalecer el trabajo conjunto y transformar las problemáticas de las infancias y adolescencias en políticas públicas concretas.

La jornada permitió establecer las líneas de funcionamiento del Consejo y definir una agenda de trabajo que contempla las distintas realidades de la provincia. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Marta Iriarte, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia explicó que "fue la primera sesión del Consejo Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde reunimos a todas las instituciones que establece la ley".

Durante el encuentro también se planteó ampliar la participación a otras áreas del Estado provincial, entre ellas Salud, Educación, Seguridad y Hacienda, con el objetivo de que las políticas de niñez sean abordadas de manera integral.

"Lo que nosotros realmente pensamos en la Secretaría de Niñez, en el Ministerio de Desarrollo Humano, es la importancia que tiene la niñez y la adolescencia dentro de lo que es la sociedad", sostuvo Iriarte.

Uno de los puntos destacados fue la necesidad de escuchar las voces de los propios niños, niñas y adolescentes y atender las particularidades de cada territorio y sector.

"La idea es escuchar a los distintos territorios, porque tenemos en cuenta la diversidad que existe dentro de lo que es la provincia, no solamente centrada en lo que es San Salvador de Jujuy", remarcó.

El Consejo tendrá además un carácter consultivo y de formación de políticas públicas. En ese sentido, cada organismo que participe deberá llevar a las próximas reuniones un diagnóstico de las problemáticas que identifica desde su ámbito de trabajo y su área.

Entre los temas que integrarán la agenda aparecen la protección integral de derechos, los entornos digitales, el bullying y ciberbullying, además de la implementación de la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil. La primera sesión contó también con la participación de Sebastián Medina, representante de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien destacó la importancia de que Jujuy cuente con este espacio.

"El sistema de protección de nuestro país tiene tres patas, es un triángulo, la Secretaría de Niñez, el Consejo de Derechos y la Defensoría", explicó. La próxima sesión del Consejo está prevista para dentro de 20 días, con el objetivo de avanzar sobre los diagnósticos y comenzar a generar estas acciones concretas.

"Trabajando de forma conjunta, articuladamente, de manera corresponsable, creemos que podemos lograr grandes políticas públicas para nuestros niños, niñas y adolescentes", concluyó Iriarte.

Se implementa la nueva Ley Penal Juvenil: la Provincia analiza cómo responder

A un mes de la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil y de la incorporación de adolescentes desde los 14 años al régimen de imputabilidad, Jujuy comenzó a discutir los desafíos que plantea este renovado contexto. El tema fue uno de los principales ejes de la primera sesión del Consejo Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y puso sobre la mesa una pregunta que atraviesa a todas las instituciones, cómo se puede garantizar una respuesta frente al delito sin dejar de lado la prevención, el acompañamiento y la protección integral de derechos.

Desde la provincia, Mario Vacaflor, el director de Dispositivos de Cuidados, explicó que el abordaje no comienza cuando un adolescente llega a un espacio de privación de la libertad, sino mucho antes. "Tenemos que pensar cómo llegar a la comunidad", sostuvo Vacaflor, y remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo con las familias, las escuelas y los distintos organismos del Estado.

La provincia cuenta actualmente con un Centro de Admisión y Derivación y dos centros socioeducativos, ubicados en San Salvador y San Pedro. Cuando un adolescente es privado de su libertad, los equipos interdisciplinarios realizan un diagnóstico que contempla su situación familiar, educativa y sanitaria. "Tratamos de detectar aquellas vulneraciones o los derechos que están como debilitados", explicó Vacaflor.

En ese sentido, remarcó que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y que el objetivo es fortalecer los vínculos y las posibilidades de reinserción social. "La privación de la libertad es el último recurso y la respuesta definitiva está en el trabajo de fortalecimiento territorial y familiar", afirmó.

La nueva normativa también genera preguntas sobre la capacidad de las provincias para afrontar su aplicación. Sebastián Medina, como representante de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, señaló que existen realidades muy diferentes entre las jurisdicciones. "Nosotros tenemos un país muy federal, un país muy extenso y con distintas realidades", explicó.

Según un relevamiento nacional con datos cerrados al 31 de diciembre de 2025, Jujuy registraba tres adolescentes en situación de detención y alrededor de 15 plazas disponibles. Medina señaló además que siete provincias no contaban con dispositivos cerrados para el cumplimiento de penas o medidas de privación de libertad. Otro de los desafíos está relacionado con los recursos necesarios para implementar el nuevo régimen.

"Uno de los problemas que tienen todas las provincias es afrontar esta nueva ley con recursos propios", advirtió Medina, al señalar que el financiamiento previsto por la normativa todavía no se habría concretado para esos estados. Pero la discusión no se limita a los adolescentes que ya ingresan al sistema penal.

La prevención aparece como una de las principales herramientas para evitar que las situaciones de vulnerabilidad terminen en conflictos con la ley. Por ello, Vacaflor destacó la importancia del trabajo que se realiza en las Oficinas de Protección de Derechos y la articulación con Educación, Salud y Seguridad.

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