Inadmisible: juez defendió a los imputados contra los damnificados

Usó gran parte de su resolución para asentir el trabajo de la fiscalía, pero luego se contradijo y liberó a los acusados

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El Dr. Gastón Merino comenzó su resolución asintiendo todo el trabajo de la Fiscalía, pero de inmediato se contradijo totalmente e inexplicablemente desoyó todos los argumentos de los fiscales, rechazó los pedidos de prisión preventiva contra Caro, Llado y Moyano y posibilitó la excarcelación de los principales acusados e imputados de conformar una asociación ilícita armada para perpetrar un multimillonario desfalco en la Concesionaria Fûrth de Santiago del Estero.

Merino sólo les impuso una fianza de $ 70 millones al exgerente Gerardo Caro, el mismo monto para el exjefe de ventas Matías Caro y de $ 20 millones para la excajera Graciela Moyano con un par de medidas que deben cumplir como el de no salir del país y entregar sus pasaportes.

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Su decisión generó la indignación de los fiscales del caso, del abogado querellante y de gran parte de los observadores judiciales consultados por este medio, los que más allá de la sorpresa del primer momento de conocida la resolución, opinan que el juez Merino no merituó correctamente ni la magnitud del hecho que se investiga, ni las pruebas presentadas, ni los peligros procesales que ahora surgen al estar los tres acusados en libertad.

Esos riesgos son, fundamentalmente, la posibilidad de fuga porque los tres tienen los medios; y la de que puedan entorpecer la investigación teniendo en cuenta que hubo importantes testimonios de empleados de la firma, los cuales viven en Santiago, sus domicilios son conocidos por los tres imputados, al igual que diversos clientes que se presentaron para aportar datos de la maniobra que los tiene a ellos tres como principales señalados.

Con Caro, Llado y Moyano libres, los riesgos procesales cobran una vigencia demasiado marcada como para que el juez no los haya tomado en cuenta.

La Fiscalía había presentado, documentos, videos y numerosos testimonios que habilitaban el pedido de la prisión preventiva para los tres. La querella había sumado, además, los resultados preliminares de una profunda auditoría interna realizada en todo el sistema de la concesionaria donde figuran pruebas de la presunta comisión de delitos y había cuantificado el total del perjuicio a la firma en más de $ 6.000 millones.

Para los fiscales, esta actividad ilícita comenzó en el año 2024 y está probado que los tres acusados en todo ese tiempo, tuvieron poder de decisión y de acción en la entidad de calle Libertad.

Anoche comenzó a hablarse de la posibilidad de que el juez Merino pudiera ser sometido a un juicio político que buscará su destitución. Por las razones ya vertidas y porque insólitamente en su resolución terminó defendiendo a los imputados y juzgando que había que investigar a los damnificados por el  millonario desfalco.