Imputaron a un empresario por trata laboral: siete empleados vivían en condiciones extremas

La Justicia Federal investiga al propietario de un emprendimiento gastronómico por presunta explotación laboral. Según la fiscalía, los trabajadores dormían sobre palets, utilizaban baños con letrinas y cobraban menos de $500.000, mientras el acusado registró ingresos superiores a $600 millones en 2025.

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La Justicia Federal formalizó la imputación de un empresario gastronómico por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada a través de la línea 145 y una posterior inspección en una finca donde se desarrollaban actividades productivas. Según la fiscalía, siete trabajadores se encontraban en condiciones de extrema precariedad habitacional y laboral.

Durante el procedimiento, realizado con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y personal de ARCA, se detectaron habitaciones con piso de tierra, camas improvisadas con palets y baños con letrinas. Los investigadores también señalaron que los empleados debían calentar agua en tachos para poder asearse. Aunque en el establecimiento había 20 trabajadores, la imputación alcanza específicamente a siete.

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En cuanto a las condiciones laborales, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los trabajadores cobraban generalmente menos de $500.000, cumplían jornadas extensas y no percibían pagos adicionales por horas extras, feriados ni domingos. Además, uno de los empleados habría sufrido una lesión en una pierna durante su jornada y, según la acusación, no recibió asistencia ni compensación por parte del empresario.

La fiscalía también denunció una presunta irregularidad en la registración de los empleados. De acuerdo con la investigación, eran declarados como trabajadores de la cosecha de tabaco, aunque posteriormente realizaban tareas vinculadas con la cría de cerdos negros y la cosecha de aceitunas. Uno de los trabajadores, además, debía concurrir al comedor de Cáritas porque sus ingresos no le alcanzaban para alimentarse.

Como contrapartida, los fiscales presentaron datos de ARCA que indican que el empresario habría registrado ingresos superiores a $600 millones durante 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026. Para el Ministerio Público Fiscal, esa capacidad económica le permitía garantizar condiciones habitacionales adecuadas y cumplir con las obligaciones laborales. El juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, aceptó la imputación y estableció un plazo de seis meses para la investigación, además de imponer restricciones al acusado.

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El empresario rechazó los cargos durante la audiencia y aseguró que no cometió ningún delito. "Esto me pasa por ayudar a la gente", sostuvo al declarar. También explicó que las instalaciones con letrinas no estaban habilitadas, aunque los trabajadores las utilizaban, y reconoció que las habitaciones de adobe deberían haber sido demolidas. La investigación continuará para determinar si existió explotación laboral y establecer las responsabilidades penales correspondientes.