Estafas en el Paseo Sáenz Peña: elevan a juicio la causa contra un ex sargento de policía
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión para Daniel Edgardo Chavarría. Se lo acusa de aprovechar su uniforme para engañar a feriantes y comerciantes, generando un perjuicio económico de casi $39 millones.
Resumen para apurados
La Justicia de Tucumán dispuso la apertura del juicio oral y público contra Daniel Edgardo Chavarría, ex sargento primero de la Policía de la Provincia, acusado de liderar una serie de maniobras fraudulentas que damnificaron a numerosos feriantes y comerciantes del Paseo Sáenz Peña. Según la investigación, el imputado utilizó la confianza que inspiraba su investidura policial para concretar cobros indebidos y ventas irregulares de locales comerciales.
Durante la audiencia de control de acusación, la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, representada por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, presentó la teoría del caso y el abundante material probatorio recolectado. El Ministerio Público Fiscal (MPF) adelantó que, debido a la gravedad de los hechos y la pluralidad de víctimas, solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de estafa por abuso de confianza en concurso real con estafas reiteradas.
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La fiscalía destacó que el daño económico es millonario. Un informe elaborado por el equipo contable del MPF estimó que el perjuicio patrimonial, actualizado al 31 de agosto de 2025, asciende a un total de $38.900.000 aproximadamente. Entre las pruebas clave se mencionaron pericias caligráficas realizadas por el ECIF sobre recibos manuscritos firmados por Chavarría y numerosos testimonios de víctimas que aseguraron haber confiado en él por su condición de policía.
Uno de los puntos más sensibles de la acusación radica en el rol que desempeñaba Chavarría. "Hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar y otras que no lo hicieron por el claro motivo de que Chavarría era personal policial", señaló la representante del MPF durante la audiencia. La investigadora remarcó que el imputado no actuaba de manera aislada, ya que de este legajo se desprendió una investigación paralela por presunta "asociación ilícita", trámite que también fue declarado asunto complejo.
La querella adhirió en su totalidad a los planteos del Ministerio Fiscal, y remarcó que el acusado se valía de las funciones que desempeñaba en el predio ferial para engañar a los trabajadores, quienes entregaban sus ahorros bajo la falsa creencia de que estaban realizando trámites legales y autorizados por la administración del paseo comercial.
