El humano descartable
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La pregunta sobre si la tecnología reemplazará al ser humano está mal planteada. La tecnología no reemplaza a la humanidad: reemplaza tareas, rutinas, oficios repetitivos y modelos de organización que ya no alcanzan para competir. La inteligencia artificial, la robótica y la automatización no eliminan de manera automática el trabajo; reordenan quién produce valor, quién queda rezagado y qué habilidades se vuelven decisivas. La OIT advierte que la IA generativa tiende más a transformar y complementar ocupaciones que a destruirlas por completo, mientras el Foro Económico Mundial proyecta hacia 2030 la creación de 170 millones de empleos y el desplazamiento de 92 millones. La diferencia neta puede ser positiva, pero el tránsito será brutal para quienes lleguen tarde.
La historia ya mostró que cada salto productivo rompe equilibrios. La Revolución Industrial multiplicó capacidades, fábricas, transporte, energía y producción, pero también trajo explotación laboral, hacinamiento urbano, jornadas extenuantes, concentración de riqueza y desarraigo. La teoría marxista nació como una lectura crítica de ese impacto social. Su mérito fue advertir que el progreso técnico no distribuye por sí solo sus beneficios. Su herencia problemática apareció cuando una parte de esa tradición convirtió al capital, la empresa, la inversión y la tecnología en sospechosos permanentes. El error no fue denunciar abusos del capitalismo industrial; el error fue transformar esa denuncia en una cultura política que muchas veces mira con desconfianza todo lo que produce transformación.
Cuando esa cultura se volvió poder autoritario, los costos dejaron de ser teóricos. El Gran Salto Adelante de Mao terminó asociado a una hambruna con estimaciones académicas que ubican las muertes excedentes entre 16,5 y 30 millones. El Khmer Rouge provocó en Camboya la muerte de casi dos millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población, el Holodomor dejó en Ucrania alrededor de 3,9 millones de muertes. Corea del Norte sufrió en los años noventa una hambruna estimada entre 600.000 y un millón de muertos. No fueron simples errores de administración: fueron resultados de sistemas que concentraron poder, destruyeron incentivos, persiguieron la propiedad, castigaron la disidencia y subordinaron la realidad a la ideología.
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América Latina tiene su propia contabilidad. Venezuela perdió cerca del 75% de su PBI entre 2013 y 2021, una de las mayores contracciones modernas en un país sin guerra, y más de 7,9 millones de venezolanos dejaron el país. Cuba atraviesa una crisis demográfica y migratoria profunda: el Congressional Research Service registró un promedio anual de 214.170 encuentros de migrantes cubanos en Estados Unidos entre los años fiscales 2022 y 2024, mientras datos oficiales cubanos ubicaron la población efectiva de 2024 por debajo de los 10 millones. Nicaragua acumula represión, exilio y ruptura institucional: la CIDH registró al menos 355 muertos en la crisis iniciada en 2018, y ACNUR informó que Costa Rica alojaba en marzo de 2025 más de 194.000 solicitantes de asilo nicaragüenses. Elegir un camino institucional no es gratuito: se paga en crecimiento perdido, talento que emigra, censura, miedo, pobreza y vidas destruidas.
Nada de esto significa negar los abusos del mercado ni idealizar la tecnología. El capital sin reglas puede concentrar, precarizar y excluir. La inversión extranjera puede generar dependencia si solo extrae recursos y no deja capacidades. La automatización puede destruir empleos si no existe una política de reconversión. Pero la respuesta no puede ser el rechazo reflejo. América Latina se equivocó demasiadas veces al confundir defensa social con resistencia al desarrollo, soberanía con aislamiento e inversión extranjera con entrega nacional. Rechazar tecnología no protege al trabajador; lo deja peor preparado para un mundo que avanza igual.
La nueva dependencia latinoamericana no será que le impongan tecnología desde afuera. Será llegar tarde y solo poder comprarla hecha, será consumir plataformas, algoritmos, maquinaria, software, patentes y conocimiento producido por otros. Será hablar de soberanía mientras la región importa inteligencia artificial, robótica, biotecnología, semiconductores, sistemas de datos y capacidades que no desarrolló. La dependencia del siglo XXI será cognitiva, tecnológica y de habilidades.
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Frente a ese riesgo aparece la necesidad de un onboarding sistémico. No se trata de capacitar individuos sueltos ni de comprar herramientas digitales para simular modernización. El onboarding sistémico es el proceso por el cual una sociedad completa —Estado, empresas, universidades, escuelas, sindicatos, trabajadores, municipios, inversores y medios— acepta que la transformación tecnológica no es una amenaza externa, sino una condición de supervivencia. Una sociedad que no ingresa organizada al nuevo sistema queda fuera de sus beneficios y atrapada en sus costos.
El primer acuerdo de ese onboarding es asumir que la tecnología no se vota a favor o en contra: se gobierna. La inteligencia artificial, la automatización y la robótica no van a esperar que América Latina resuelva sus viejas discusiones ideológicas. Van a seguir avanzando. La diferencia estará entre quienes las incorporen con estrategia y quienes las padezcan desde la periferia. UNCTAD sostiene que la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo inclusivo si los países construyen políticas, infraestructura, capacidades, gobernanza y cooperación; no alcanza con consumir herramientas, hay que producir condiciones de apropiación.
El segundo acuerdo es abandonar la falsa oposición entre inversión extranjera y soberanía. La inversión externa puede ser extractiva si solo trae capital, captura renta y se retira sin transferencia. Pero puede ser desarrollo si genera proveedores locales, empleo calificado, innovación aplicada, exportaciones, formación técnica y aprendizaje institucional. CEPAL advierte que la región sigue atrapada en baja capacidad de crecimiento, alta desigualdad, baja movilidad social y debilidad institucional; en ese contexto, la inversión vinculada a transformación digital, transición energética y desarrollo productivo puede ser una herramienta de salida si se negocia con inteligencia.
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El tercer acuerdo es pasar de una educación centrada exclusivamente en títulos a una economía centrada en habilidades. Aquí adquiere un rol central la teoría de Gabriela Ter Hart desarrollada en Tus habilidades = Tus oportunidades, La economía de las habilidades y el Skill Economy System™. Su planteo ordena una transición que muchos sistemas educativos y organizacionales todavía no comprenden: el futuro laboral no dependerá solo de lo que una persona estudió alguna vez, sino de las habilidades que puede identificar, demostrar, actualizar y transferir a nuevos contextos y desarrollar a futuro. El capital decisivo ya no será únicamente el título, sino la capacidad de convertir habilidades en oportunidades concretas. Una sociedad que quiera progresar debe detectar habilidades, certificarlas, entrenarlas, vincularlas y aplicarlas al ecosistema productivo de cada territorio.
El cuarto acuerdo es redefinir el papel del Estado, las empresas y los sindicatos. El Estado no puede limitarse a regular tarde; debe anticipar sectores estratégicos, atraer inversiones con condiciones, impulsar infraestructura digital, articular educación con producción y crear marcos de transición laboral. Las empresas no pueden reclamar talento sin invertir en formación. Los sindicatos no pueden defender solamente puestos que quizá desaparezcan; deben defender trayectorias laborales, reconversión, aprendizaje permanente y movilidad ascendente. Proteger al trabajador ya no significa inmovilizarlo, sino prepararlo para no quedar reemplazado.
El quinto acuerdo es construir un consenso social fuerte. No un consenso para eliminar el debate democrático, sino para cerrar una discusión básica: América Latina no puede elegir quedarse fuera de la nueva economía tecnológica. Se puede discutir el ritmo, la regulación, la protección social, la distribución de beneficios y los sectores prioritarios. Lo que ya no debería discutirse es si conviene ingresar o no. Quien no ingrese será más dependiente, más pobre y menos relevante.
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La discusión de fondo no enfrenta humanidad contra máquinas. Enfrenta sociedades preparadas contra sociedades que llegan tarde. Trabajadores con habilidades actualizadas contra trabajadores abandonados a una formación vieja. Estados que negocian tecnología desde una estrategia contra Estados que compran innovación sin absorberla. Sindicatos que defienden trayectorias contra sindicatos que protegen estructuras que el mercado ya empezó a desarmar. Educación viva contra educación burocrática.
El onboarding sistémico y el Skill Economy System™ se complementan. El primero define la entrada de una sociedad al futuro; el segundo ofrece una metodología para que las personas no queden afuera de esa entrada. Una sociedad puede atraer inversión, incorporar tecnología y modernizar infraestructura, pero si no transforma habilidades y las aplica, seguirá fabricando exclusión. Una persona puede tener voluntad de progresar, pero si el sistema no le permite reconocer, certificar y actualizar sus capacidades, quedará atrapada entre títulos que envejecen y empleos que desaparecen.
La tecnología no reemplazará al ser humano. Reemplazará al ser humano educado solo para obedecer, repetir y no adaptarse. Reemplazará organizaciones que confunden tradición con inmovilidad. Reemplazará países que convierten la nostalgia en política pública. La respuesta no es resistir el cambio ni celebrarlo ingenuamente. La respuesta es gobernarlo. Porque el futuro no desplazará a todos por igual: desplazará primero a quienes no hayan entendido que aprender, adaptarse y transformar habilidades ya no es una opción individual, sino una condición de supervivencia colectiva.
En resumen, podemos concluir que la IA no necesita tener voluntad de poder para gobernarnos; le alcanza con que los humanos renuncien a pensar, decidir y controlar.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G. Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).
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