El Gobierno iniciará concurso para cubrir vacante de Irurzun

Consideró que el lugar se generó de manera automática debido a que el juez cumplió 75 años y no se planteó un nuevo acuerdo del Senado.

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El Ministerio de Justicia iniciará el concurso para cubrir la vacante del juez Martín Irurzun en la Cámara Federal, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional considerara la disponibilidad de ese lugar, debido a que el magistrado cumplió 75 años el sábado pasado y no se planteó un nuevo acuerdo del Senado para su continuidad.

La solicitud fue dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema Horacio Rosatti, mientras que el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somigliana, envió la notificación para activar el proceso de selección.

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A pesar de que el Gobierno Nacional no enviara el pliego a la Cámara alta para que Irurzun continuara en su cargo por cinco años más, el magistrado presentó demandas en el fuero contencioso-administrativo y recursos ante la Corte Suprema, sin embargo, las medidas cautelares fueron rechazadas.

El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que el recurso extraordinario presentado por Irurzun es formalmente inadmisible por carecer de una fundamentación autónoma suficiente, conforme al artículo 15 de la Ley 48.

Casal coincidió con los tribunales inferiores en que el planteo del camarista se apoya en una hipótesis meramente conjetural: la posibilidad de que la actual integración de la Corte revierta el precedente "Schiffrin", fallo de 2017 que confirmó la validez constitucional del límite de 75 años para los jueces.

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Según el dictamen, el cambio en la composición del máximo tribunal no constituye, por sí mismo, un argumento jurídico suficiente para apartarse de una doctrina vigente.

Irurzun es uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py y autor de la denominada "doctrina" que lleva su apellido y que establece que para dictar la prisión preventiva de funcionarios o ex funcionarios, los magistrados no solo deben evaluar el riesgo de fuga, sino también el "poder residual" y los vínculos que los acusados conservan en el Estado para entorpecer la investigación