El Gobierno evalúa excluir a los funcionarios del régimen de Inocencia Fiscal para destrabar el proyecto en Diputados

La propuesta busca sumar el respaldo de los bloques aliados, que plantearon reparos tras el caso de Manuel Adorni. El oficialismo pretende emitir dictamen esta semana y llevar la iniciativa al recinto el 26 de agosto.

Foto: X/@ElComodorense

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El Gobierno negocia modificaciones al proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de conseguir el respaldo necesario en la Cámara de Diputados. Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece una medida dirigida específicamente a los funcionarios públicos: impedir que quienes ocupen cargos en alguno de los tres poderes del Estado puedan acceder al mecanismo para regularizar ahorros que permanecen fuera del sistema.

La posibilidad surgió durante las conversaciones que La Libertad Avanza mantiene con los bloques aliados para reunir los votos y avanzar con el dictamen. Una fuente vinculada a las negociaciones confirmó que la exclusión está sobre la mesa, aunque todavía no existe una definición sobre el alcance que tendría.

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El oficialismo busca acelerar los tiempos. Este miércoles, desde las 11, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de Diputados se reunirán en un plenario para analizar la iniciativa y eventualmente emitir dictamen. La intención del Gobierno es llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de agosto, en una sesión en la que también pretende avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal obstáculo para cerrar un acuerdo con los sectores aliados está vinculado a los cuestionamientos sobre el acceso de funcionarios y personas políticamente expuestas al régimen. En las últimas semanas, distintos legisladores plantearon la necesidad de establecer algún tipo de límite para evitar que quienes ejercen cargos públicos puedan beneficiarse con la normativa.

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El antecedente que generó mayores reparos fue el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Ambos reconocieron haber tenido dólares que no estaban declarados y se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni sostuvo que no utilizó el mecanismo para blanquear esos ahorros.

La posibilidad de excluir a los funcionarios ya había sido mencionada por la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. Durante un encuentro con empresarios, la senadora sostuvo que quienes ocupan cargos públicos no quedarían alcanzados por el eventual beneficio, aunque defendió que el régimen pueda ser utilizado por ciudadanos que durante años conservaron dólares como una forma de proteger sus ahorros.

Desde el oficialismo en Diputados, sin embargo, remarcaron que las modificaciones todavía forman parte de las negociaciones y que el texto definitivo se conocerá, eventualmente, durante el plenario de comisiones.

El proyecto busca ampliar de manera significativa el alcance del régimen de Inocencia Fiscal, creado para facilitar la incorporación al circuito formal de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero y tributario, entre ellos los denominados popularmente "dólares del colchón".

Uno de los principales cambios propuestos consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso. De esta manera, podrían incorporarse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin importar cuánto ganen o cuál sea su patrimonio.

Los grandes contribuyentes también podrían utilizar una modalidad simplificada, mediante la cual ARCA realiza una liquidación anticipada del impuesto. Sin embargo, quedarían excluidos de algunas de las presunciones y beneficios adicionales contemplados para el resto de los contribuyentes.

La iniciativa también modifica el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias el organismo fiscal puede cuestionar la información presentada por un contribuyente. Además, permitiría realizar declaraciones juradas rectificativas y abonar las diferencias detectadas cuando exista una inconsistencia relevante.

Otro de los cambios contempla un sistema de devolución más rápido para aquellos casos en los que la Justicia determine que una impugnación de ARCA fue incorrecta y ordene restablecer la presunción de exactitud de la declaración presentada.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que las modificaciones tienen como objetivo brindar mayor seguridad jurídica y generar confianza entre los contribuyentes para que decidan formalizar recursos que actualmente permanecen fuera del circuito declarado.

Ahora, el oficialismo deberá definir si incorpora finalmente la exclusión de funcionarios públicos y si ese cambio alcanza para destrabar las negociaciones con los bloques aliados. La respuesta podría quedar plasmada en el dictamen que Diputados buscará debatir este miércoles.