El Gobierno cambió el esquema de privatización del Belgrano Cargas: ¿En qué consiste?

Resumen para apurados

En una jugada decisiva para acelerar la transformación del sistema ferroviario de cargas, el Poder Ejecutivo encabezado por la gestión de Javier Milei modificó las condiciones financieras que regirán el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística. A través del Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció que la totalidad de los ingresos obtenidos por la subasta o venta del material rodante deberá ser depositada de manera obligatoria en un fideicomiso específico bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuyo fin exclusivo será financiar las obras sobre las vías férreas.

La resolución firmada por Milei y el ministro Luis Caputo reconfigura el marco reglamentario que había trazado previamente el Decreto 282/2026. En el modelo original de privatización de Belgrano Cargas, encuadrado dentro del marco normativo de la Ley Bases y formalizado en sus inicios mediante el Decreto 67/2025, se planteó un esquema de desintegración vertical. Este mecanismo dividía la estructura de la compañía estatal en distintas unidades de negocio: las vías y los inmuebles aledaños serían otorgados bajo contratos de concesión de obra pública, los talleres ferroviarios seguirían una modalidad similar de explotación, mientras que locomotoras y vagones se rematarían al mejor postor.

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Sin embargo, la reciente actualización normativa impone un destino directo para la caja generada por estos activos. A partir de ahora, tanto las divisas resultantes de las subastas públicas de trenes como aquellas transacciones en las que el material rodante quede incorporado dentro de los propios contratos de concesión tendrán que volcarse directamente al fideicomiso que determine la cartera económica.

Según los argumentos oficiales plasmados en la medida, este fideicomiso especializado permitirá administrar los recursos con mayor liquidez y eficiencia, dinamizando los giros monetarios necesarios para cubrir los compromisos de infraestructura previstos con las empresas adjudicatarias.

Dentro de este nuevo diseño, el Palacio de Hacienda asumirá un rol determinante en la valuación de los bienes. El Ministerio de Economía no solo deberá confeccionar las pautas operativas del fideicomiso, sino que tendrá la facultad de fijar los precios de venta del material rodante asignado a las concesiones. Para evitar distorsiones de mercado, el decreto estipula que la cartera conducida por Caputo deberá tomar como parámetro base o valuación mínima el informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

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Con este cambio de estrategia, la administración nacional busca asegurar un mecanismo de retroalimentación financiera dentro del sector transporte: que la desinversión estatal en material rodante se reinyecte de manera automática en el acondicionamiento del trazado ferroviario. De esta manera, el proceso de privatización impulsado por la gestión de Milei pretende acelerar los desembolsos requeridos para revalorizar la red de Belgrano Cargas y captar el interés de nuevos operadores en el mercado logístico argentino.