El Gobierno avanza con el nombramiento de jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado
La distribución de los cargos contempla 11 puestos destinados al Poder Judicial, mientras que los cuatro restantes se reparten en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Resumen para apurados
El Poder Ejecutivo Nacional ratificó la designación de quince funcionarios que asumirán cargos en distintos tribunales y dependencias ministeriales. La medida representa un paso decisivo en la estrategia de la gestión liderada por Javier Milei para acelerar la cobertura de despachos acéfalos, atendiendo un reclamo histórico de regularización en el servicio de administración estatal.
Los nombramientos, formalizados a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, se desprenden del paquete de 75 pliegos que recibieron el visto bueno de la Cámara de Senadores a comienzos de junio. Con este aval legislativo, la Casa Rosada comenzó a operativizar de forma escalonada los nombramientos. En esta oportunidad, la distribución de los cargos asignados contempla once puestos destinados estrictamente al Poder Judicial, mientras que los cuatro restantes se reparten en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
El mapa de las designaciones muestra un fuerte anclaje estratégico en la justicia federal de la provincia de Buenos Aires, una de las jurisdicciones con mayor volumen de causas del país. En La Plata, se formalizó el ingreso de Claudio Ricardo Silvestri como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, y de Pablo Ezequiel Wilk en el Tribunal Oral Federal N° 2, dos cuerpos que arrastraban vacantes prolongadas.
Asimismo, Laureano Alberto Durán, quien se desempeñaba como secretario en ese tribunal y es hijo del fallecido camarista Alberto Ramón Durán, fue confirmado como vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también concentró un número significativo de modificaciones en sus tribunales nacionales. Para los juzgados en lo criminal y correccional fueron nombrados Paula Fuertes, Soledad Eugenia Mariño, José Miguel Guerrero y María Gloria Capanegra. Por su parte, la jueza Laura Wiszniacki se hará cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° 62.
En lo que respecta a las instancias de revisión, el decreto presidencial ubicó a Jorge Djivaris como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y a Analía Victoria Romero en la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. En paralelo, Diego Allievi asumirá la titularidad del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10, un área sensible dada la alta litigiosidad previsional del país.
Las modificaciones estructurales alcanzaron de igual modo a los ministerios públicos. En la rama fiscal, Santiago Vismara fue ungido como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, asumiendo la conducción de la Fiscalía N° 9. En el área de la defensa, Lucas Marcelo Bellotti San Martín y Marcela Lorena Sasso asumirán como defensores públicos de menores e incapaces en los fueros civil, comercial y laboral de la Capital, mientras que María Inés Reston hará lo propio ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Este movimiento de piezas en los tribunales se inscribe en un escenario de profunda reorganización interna de las relaciones entre el poder político y los magistrados. En diversos sectores del sistema judicial, analistas y operadores observan con atención cómo el despliegue de estos pliegos altera los equilibrios de poder, donde terminales vinculadas a apellidos de peso como Mahiques, o los despachos de la propia Corte Suprema de Justicia, reconfiguran su mapa de influencias de cara al futuro. De hecho, la semana pasada el oficialismo ya había dado muestras de este dinamismo al ratificar el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente del máximo tribunal, para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
Pese a que el Senado de la Nación aprobó la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata, su nombre no figura en el listado publicado hoy en el Boletín Oficial. La postulación de la magistrada había sido objetada por el presidente Milei debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, la oposición avanzó con el tratamiento del pliego y consiguió su aprobación, asestando un duro golpe a las ambiciones del oficialismo.
