El Gobierno amplió las denuncias penales e identificó a 27 empresarios ligados a las petroleras

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su ofensiva judicial contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas. A través de presentaciones impulsadas por el canciller Pablo Quirno y con el respaldo de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, el Estado nacional amplió las denuncias penales e identificó a 27 personas físicas con responsabilidades ejecutivas en las compañías que operan en la zona.

Las nuevas causas se suman a la que ya tramita en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, e incorporan a Rockhopper Exploration (en sus dos sociedades), Borders & Southern y Desire Petroleum, además de profundizar la investigación sobre ejecutivos de Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas, todas compañías vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental disputada con el Reino Unido.

De las sanciones administrativas a la responsabilidad individual

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La medida continúa un proceso que arrancó a comienzos de septiembre, cuando el Ejecutivo abrió expedientes sancionatorios contra 45 personas y empresas, cifra que luego se amplió a 60 con la incorporación de 15 nuevos investigados. En paralelo, había avanzado una denuncia penal inicial contra sociedades ligadas a Navitas, JHI Associates y Eco Atlantic por el proyecto Sea Lion, el yacimiento más avanzado de la región.

Con esta nueva etapa, la estrategia oficial da un salto cualitativo: ya no apunta solo a identificar empresas, accionistas o proveedores, sino a determinar quién tomó las decisiones dentro de cada compañía —quién dirigió las operaciones, quién estructuró el financiamiento, quién brindó asesoramiento legal y quién autorizó los proyectos—. De los 27 nombres incluidos en los nuevos escritos, 16 no figuraban en las listas administrativas conocidas hasta ahora.

Los directivos señalados en cada empresa

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En Navitas Petroleum, la ampliación alcanza a su chairman, su vicepresidente ejecutivo, el CEO, la directora financiera y responsables de áreas legales, comerciales y de operaciones subsuperficiales, entre otros cargos. También se incorpora a directivos de su subsidiaria de desarrollo y producción, entre ellos el CEO, el director de operaciones y el responsable del activo Sea Lion.

En Eco (Atlantic) Oil & Gas se individualizó a siete integrantes de su directorio y plana ejecutiva, incluido su presidente y CEO y su directora financiera; seis de ellos ya habían sido mencionados en los procedimientos administrativos previos, mientras que una séptima persona se suma por primera vez.

La causa contra Borders & Southern —vinculada con la licencia PL018, donde se ubica el descubrimiento Darwin East-1— identifica a otras siete personas con roles ejecutivos y técnicos. Rockhopper Exploration queda alcanzada a través de dos de sus sociedades, ligadas a las licencias del propio Sea Lion y a otros bloques del área. En el caso de Desire Petroleum —empresa que ya había sido declarada ilegal e inhabilitada por veinte años en la Argentina tras antecedentes de 2012 y 2013— la denuncia no incluye todavía una nómina de directivos, aunque solicita que la Justicia determine quiénes intervinieron en sus decisiones.

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El marco legal de la investigación

Las presentaciones se basan en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que castiga con penas de entre cinco y quince años de prisión —según el tipo de actividad— la exploración, extracción o transporte de hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental, y habilita a investigar tanto a las empresas como a directivos, gerentes y representantes que hayan intervenido en los hechos. El Gobierno dejó abierta además la posibilidad de sumar cargos por infracciones ambientales, aduaneras, asociación ilícita y lavado de activos, y solicitó medidas de cooperación internacional y eventuales embargos patrimoniales.

Los propios escritos judiciales aclaran que la mención de un ejecutivo en la causa no implica automáticamente una imputación penal ni supone responsabilidad por el solo hecho de ocupar un cargo en la empresa: la Justicia deberá establecer en cada caso el grado real de intervención en las decisiones investigadas.

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