El Gobierno acelera su agenda en el Senado: busca aprobar la ley Hojarasca y avanzar con la reforma electoral

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de presidentes de bloque para definir la sesión del 16 de julio. El oficialismo también impulsa cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, el super-RIGI y una nueva Ley de Inocencia Fiscal.

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El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en el Congreso con el objetivo de avanzar en una serie de proyectos considerados clave para la segunda etapa de su gestión. La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará este miércoles, a las 12, una reunión de presidentes de bloque en el Senado para definir el temario de la sesión prevista para el jueves 16 de julio, mientras La Libertad Avanza termina de delinear su estrategia legislativa junto a la mesa política del oficialismo.

Entre las principales iniciativas que la Casa Rosada pretende convertir en ley figuran el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada ley Hojarasca, impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Esta última propone eliminar alrededor de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas o sin vigencia.

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En cuanto al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo introdujo cambios respecto de la versión original. La nueva redacción modifica aspectos vinculados con la ley de tierras, los desalojos, las expropiaciones y el manejo del fuego, dejando atrás la propuesta inicial que eliminaba restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.

La sesión también incluiría el tratamiento de distintos pliegos con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, correspondientes a designaciones en la Cancillería y el Poder Judicial. Entre ellos sobresale la prórroga por cinco años del mandato del camarista laboral Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir los 75 años.

Reforma electoral, el principal desafío político

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La reforma electoral continúa siendo uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno y concentra buena parte de las conversaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores. Las negociaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, la iniciativa todavía no reúne las mayorías especiales que exige la Constitución para modificar el sistema electoral. El proyecto contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la figura de Ficha Limpia como requisito para las candidaturas.

Como parte de la negociación, La Libertad Avanza analiza habilitar las listas colectoras para las elecciones nacionales, lo que implicaría suspender nuevamente las PASO y modificar la ley de Boleta Única de Papel. El esquema permitiría que cada fuerza política presente distintos candidatos al Congreso, aunque manteniendo un único postulante presidencial.

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Cambios económicos y nuevas leyes

La agenda parlamentaria también incluye una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el presidente Javier Milei pidió acelerar. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el proyecto es elaborado desde hace más de cuatro meses por el titular del BCRA, Santiago Bausili, y adelantó que uno de sus ejes será prohibir de manera definitiva el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.

Caputo también expresó su expectativa de que el Congreso apruebe el denominado super-RIGI, que ya obtuvo media sanción en Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado. Según el ministro, el régimen favorecerá la llegada de inversiones a sectores aún poco desarrollados, generando empleo, mayor actividad económica y más recaudación para las provincias.

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Por otra parte, el Ejecutivo enviará una versión actualizada de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar que los ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. El ministro explicó que la iniciativa apunta a movilizar los denominados "dólares debajo del colchón", estimados por el Banco Central en unos 170.000 millones de dólares, para que puedan financiar proyectos de infraestructura y pequeñas y medianas empresas.

En contraposición, desde Unión por la Patria el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas de los beneficios previstos en esa norma. El legislador sostuvo que quienes administran recursos del Estado deben estar sujetos a mayores controles patrimoniales y no contar con un régimen de excepción.