El contrato que nadie lee

Cada usuario firma todos los días un contrato que casi nunca lee. Acepta términos y condiciones, habilita cookies, comparte su ubicación, sincroniza contactos y concede permisos a aplicaciones. A cambio de servicios gratuitos o de bajo costo entrega información sobre hábitos, relaciones, movimientos, preferencias y, en algunos casos, datos biométricos. Parece un acto menor. Sin embargo, detrás de esa aceptación cotidiana existe una transferencia de información y, con ella, una transferencia de poder.

El smartphone dejó hace tiempo de ser solamente un teléfono. Puede registrar dónde estamos, qué compramos, qué buscamos, con quién hablamos y qué contenidos capturan nuestra atención. Un dato aislado probablemente diga poco. Millones de registros combinados permiten construir perfiles, identificar patrones y anticipar comportamientos. La ventaja estratégica del siglo XXI ya no consiste únicamente en conocer lo que una sociedad hace, sino en estimar lo que probablemente hará y, eventualmente, influir sobre sus decisiones.

Por eso la discusión sobre privacidad quedó chica. Los datos permiten segmentar consumidores, medir estados de ánimo, organizar campañas e identificar vulnerabilidades. Cuando información biométrica, sanitaria, financiera, ideológica o vinculada con la intimidad se combina con inteligencia artificial, capacidad de cómputo y plataformas capaces de intervenir sobre lo que vemos, el conocimiento deja de ser solamente descriptivo y se convierte en capacidad de anticipación.

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En septiembre de 2024, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advirtió que grandes plataformas de redes sociales y video habían desarrollado amplias prácticas de vigilancia sobre usuarios y no usuarios para monetizar información personal. La política también comprendió rápidamente el valor de esa capacidad de segmentación. El caso Cambridge Analytica mostró hasta qué punto información obtenida a través de Facebook podía utilizarse para construir perfiles de electores y dirigir mensajes políticos diferenciados. Desde entonces, las campañas electorales incorporaron con mayor intensidad análisis de datos, encuestas, comportamiento digital, segmentación territorial y publicidad dirigida. Las encuestadoras ya no trabajan solamente preguntando a quién piensa votar una persona: sus resultados pueden combinarse con información demográfica, patrones de consumo y comportamiento en redes para identificar grupos persuadibles, medir preocupaciones y ajustar mensajes casi en tiempo real. El elector deja de ser solamente parte de una mayoría estadística y comienza a ser tratado como integrante de segmentos cada vez más específicos.

Estados Unidos desarrolló el mayor ecosistema privado de plataformas digitales del planeta. Google, Meta, Microsoft, Amazon y Apple administran buscadores, redes sociales, sistemas operativos, nubes y enormes volúmenes de información. Al mismo tiempo, su legislación sobre inteligencia exterior permite, bajo determinadas condiciones, realizar vigilancia sobre personas extranjeras ubicadas fuera del país mediante la cooperación de proveedores de comunicaciones. Tecnología, datos y seguridad nacional comenzaron a superponerse.

China siguió otro camino. Restringió o bloqueó durante años buena parte de las grandes plataformas occidentales y construyó un ecosistema propio alrededor de empresas como Tencent, Alibaba y Baidu. En 2024 Apple retiró WhatsApp, Threads, Signal y Telegram de su tienda china por orden de las autoridades. Pekín también estableció controles sobre determinadas transferencias internacionales de información y exige evaluaciones de seguridad para datos considerados sensibles o estratégicos.

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No se trata solamente de privacidad. China busca reducir dependencia tecnológica, mantener jurisdicción sobre la información producida dentro de su territorio y limitar la capacidad de plataformas extranjeras para administrar datos de su población. Al mismo tiempo, ese modelo amplía considerablemente la capacidad del Estado para controlar comunicaciones y contenidos.

Rusia por su lado avanzó en una dirección semejante; su legislación exige que numerosos datos personales de ciudadanos rusos recopilados por Internet sean almacenados inicialmente dentro del país y el Estado favorece plataformas nacionales mientras restringe servicios extranjeros. China y Rusia muestran las dos caras de la soberanía digital: pueden disminuir la dependencia externa y, a la vez, aumentar la capacidad de vigilancia interna.

En cambio, América Latina enfrenta otro problema. Tiene leyes de privacidad y organismos regulatorios, pero gran parte de las plataformas, las nubes y los sistemas capaces de procesar información pertenecen a actores externos. La región no carece de datos; produce enormes cantidades todos los días. La cuestión es quién posee la tecnología para transformarlos en conocimiento.

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Argentina ofrece un caso particularmente sensible. Worldcoin desplegó dispositivos para escanear rostro e iris a cambio de criptomonedas. La Agencia de Acceso a la Información Pública inició una investigación para determinar cómo se obtenían, almacenaban y utilizaban esos datos biométricos, mientras la provincia de Buenos Aires aplicó en 2024 una multa por distintas irregularidades. El punto excede la sanción. Una contraseña puede modificarse y una tarjeta puede reemplazarse; el iris forma parte de la identidad permanente de una persona. Su verdadero valor aparece cuando esa información puede combinarse con geolocalización, consumos, búsquedas, vínculos sociales, historial financiero o datos sanitarios. Allí surge una asimetría particular: el ciudadano conoce fragmentos de lo que entrega, mientras quien procesa la información puede descubrir patrones sobre él que ni siquiera él mismo percibe.

Otra controversia enfrentó Brasil en 2024. Su Autoridad Nacional de Protección de Datos suspendió cautelarmente una política de Meta que permitía utilizar información pública y contenidos publicados en Facebook e Instagram para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Todos estos casos muestran una vulnerabilidad regional que recuerda un patrón que se repite. Durante buena parte de su historia, América Latina exportó recursos naturales e importó bienes de mayor valor agregado. En la economía digital sucede una lógica semejante: nuestras sociedades producen los datos mientras las plataformas, los algoritmos, la infraestructura de nube y buena parte de la inteligencia capaz de interpretarlos se desarrollan fuera de la región. La periferia digital no es la que carece de datos. Es la que produce información que otros convierten en inteligencia.

Esta nueva relación de dependencia no se resuelve cerrando internet ni copiando los modelos chino o ruso. América Latina necesita permanecer conectada, atraer inversiones y participar de la economía digital. Pero también necesita saber dónde se encuentran sus datos críticos, quién puede acceder a ellos, qué infraestructura utiliza el Estado, bajo qué jurisdicción operan las empresas que los procesan y qué capacidad tienen los organismos públicos para supervisarlas.

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La cuestión alcanza también a la ciberseguridad. Bancos, hospitales, sistemas judiciales, padrones electorales, redes eléctricas, universidades y organismos fiscales dependen de infraestructura digital. Un país puede sufrir un daño estratégico sin que ningún ejército atraviese sus fronteras: basta con comprometer sus sistemas, extraer sus bases de datos o conocer con suficiente profundidad el comportamiento de su población.

El contrato que nadie lee parece un detalle cotidiano. No lo es. Cada vez que aceptamos podemos estar autorizando que nuestra información atraviese fronteras, sea procesada bajo otra jurisdicción, alimente algoritmos que desconocemos y adquiera un valor que nosotros mismos no podemos calcular.

El nuevo colonialismo no necesita necesariamente administrar un territorio. Puede comenzar cuando una sociedad produce información mientras otros actores poseen la infraestructura, los algoritmos y la capacidad tecnológica para comprenderla mejor que ella misma. En la economía digital todo se reduce a ¿cuánto poder sobre nuestro comportamiento entregamos cada vez que aceptamos un contrato que nadie lee?

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