El Congreso aprobó el pago de USD 171 millones a fondos que reclaman deuda del 2001

La Cámara de Diputados dio luz verde a la operación financiera impulsada por el Gobierno, que permitirá cerrar litigios internacionales y levantar embargos sobre activos argentinos. El Senado ya había aprobado la iniciativa previamente.

Foto: X/@elparlamentario

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El Congreso aprobó el pago de USD 171 millones a fondos que reclaman deuda del 2001 El Congreso aprobó el pago de USD 171 millones a fondos que reclaman deuda del 2001

El Congreso nacional aprobó este miércoles la autorización para avanzar con un acuerdo económico que implica el pago total de 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores que mantienen reclamos por bonos de la deuda argentina en cesación de pagos desde 2001.

La votación en la Cámara de Diputados terminó con 139 respaldos y 97 rechazos, consolidando el aval legislativo a un entendimiento que ya contaba con media sanción del Senado. El plazo para su aprobación vencía el 30 de junio, según lo establecido en la negociación judicial en Estados Unidos.

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El acuerdo forma parte de una conciliación alcanzada en el ámbito judicial norteamericano, que contempla una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados. En ese marco, el Estado argentino deberá desembolsar 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y otros 104 millones a un conjunto de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP.

Estos fondos forman parte del reducido grupo de tenedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default declarado a fines de 2001. Con esta decisión legislativa, el país busca cerrar litigios aún abiertos y avanzar en el levantamiento de embargos que pesan sobre activos estatales en el exterior, entre ellos participaciones en empresas públicas.

Durante el debate parlamentario, el oficialismo defendió el acuerdo al considerar que permite resolver una disputa prolongada en el tiempo y con sentencia firme en tribunales extranjeros. Legisladores que acompañaron la iniciativa destacaron además la reducción lograda en la negociación, la eliminación de costos judiciales adicionales y el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas demandas.

En contraposición, sectores de la oposición cuestionaron la falta de previsión presupuestaria específica para afrontar el pago y plantearon objeciones vinculadas al encuadre legal del proyecto. También señalaron que situaciones similares ya habían generado controversias en otras iniciativas recientes del Ejecutivo.