Discapacidad, en emergencia: familias y profesionales reclamaron en Tucumán que se cumpla la ley

Resumen para apurados

La preocupación por el futuro de las prestaciones para personas con discapacidad volvió a las calles de Tucumán. Este miércoles, organizaciones, trabajadores de instituciones terapéuticas y familiares se concentraron en la plaza Independencia para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y exigir que se cumplan los derechos que, según denunciaron, hoy no están garantizados.

Los manifestantes advirtieron que las dificultades económicas y los atrasos en los pagos afectan tanto a quienes necesitan tratamientos como a los profesionales que los brindan. "No llegamos. La plata no alcanza", resumió Susana Hilda Perea, madre de un hijo con discapacidad que necesita rehabilitación. 

Su testimonio dejó en evidencia la preocupación de numerosas familias que deben afrontar gastos crecientes mientras intentan sostener las prestaciones y los tratamientos. Durante la concentración también se escucharon reclamos por las dificultades para acceder a medicamentos, las demoras de las obras sociales y los obstáculos para mantener la atención en los centros especializados.

"Hay una ley y la ley hay que respetarla", sostuvo María Cristina, otra de las madres que participó de la protesta. La mujer cuestionó la falta de respuestas y afirmó que, aun cuando interviene la Justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones, las familias siguen encontrando dificultades.

La mujer explicó que se acercó a la movilización para acompañar a otros padres y visibilizar las necesidades de niños y jóvenes con discapacidad. Entre los problemas que mencionó figuran la falta de autorización de medicamentos y las trabas para continuar con los tratamientos en instituciones especializadas.

El reclamo también involucra a quienes trabajan diariamente en el área de discapacidad. Luciana, una trabajadora del sector, señaló que las dificultades se arrastran desde el año pasado y que la falta de soluciones mantiene en una situación de incertidumbre a los equipos profesionales.

"A nadie le va a gustar cobrar cada tres meses y estar regulando su sueldo o su economía a la espera de un cobro", expresó. Según explicó, los pagos se demoran y esa situación vuelve cada vez más difícil sostener la actividad.

La trabajadora destacó que, pese a las complicaciones, los equipos continúan brindando las prestaciones. Sin embargo, advirtió que resulta complejo mantener un empleo cuando no existe certeza sobre cuándo se percibirán los honorarios.

La situación repercute, además, en las familias que dependen de esos servicios. La continuidad de los tratamientos requiere profesionales disponibles, instituciones en funcionamiento y recursos suficientes para garantizar la atención.

En la misma línea, Patricia, integrante de un centro educativo terapéutico, sostuvo que la falta de respuestas económicas dificulta el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad.

La profesional advirtió que los problemas para unificar los criterios de actualización de los aranceles y las demoras en los pagos comprometen la posibilidad de sostener las prestaciones. Esto, explicó, no afecta únicamente los ingresos de los trabajadores, sino también el acceso de las personas con discapacidad a los tratamientos que necesitan.

"En definitiva, es obstaculizar el derecho al acceso a los tratamientos adecuados que tienen que tener las personas con discapacidad", afirmó.