Denunciaron a la ministra Alejandra Monteoliva y un comisario de la Federal por la represión frente al Congreso

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal por el operativo de seguridad realizado durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Solicitó que se investigue el accionar de las fuerzas federales y pidió las indagatorias de la ministra de Seguridad y de un jefe policial.

Tras la represión frente al Congreso, denunciaron a Monteoliva y a un comisario- Foto: Minuto Uno.

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Denunciaron a la ministra Alejandra Monteoliva y un comisario de la Federal por la represión frente al Congreso Denunciaron a la ministra Alejandra Monteoliva y un comisario de la Federal por la represión frente al Congreso

El operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la manifestación del pasado 6 de agosto quedó bajo investigación judicial luego de que el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gustavo Antonio Gauna.

La presentación también alcanza a todos los funcionarios y efectivos de las fuerzas federales que podrían tener responsabilidad en el procedimiento, ya sea como autores, coautores, participantes o por las funciones que desempeñaron durante el operativo.

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La acusación contra el comisario

Según la denuncia, Gauna aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el procedimiento policial.

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El escrito sostiene que esos registros muestran "la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva", por lo que solicita que el jefe policial sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

Además, requiere establecer qué arma se usó, qué tipo de munición portaba, quién autorizó su uso, cuál era la misión que tenía asignada y bajo qué órdenes actuó.

Uno de los principales interrogantes que plantea la denuncia es si la presencia de policías vestidos de civil formaba parte del operativo diseñado por las autoridades o si se trataba de una actuación individual ajena a las instrucciones impartidas.

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Investigue la responsabilidad del ministro

La denuncia también pone bajo análisis la actuación de la ministra Monteoliva en su rol como máxima autoridad política de las fuerzas federales.

En ese sentido, el planteo judicial aclaración que no se le atribuyó una responsabilidad automática por el accionar de cada efectivo, sino que busca determinar si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron directivas incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza.

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Asimismo, solicite que la cartera informe si estaba prevista la participación de personal de civil en el operativo, cuál era su finalidad y si esos agentes estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la manifestación.

El operativo y las denuncias

De acuerdo con la presentación, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval participaron del despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

La denuncia sostiene que la movilización comenzó de manera pacífica y que posteriormente las fuerzas avanzaron sobre los manifestantes utilizando gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos.

El escrito también hace especial énfasis en las lesiones denunciadas por trabajadores de prensa. Entre los casos mencionados figura el de un fotógrafo que sufrió un traumatismo de cráneo durante los incidentes, además de otros periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que habrían recibido impactos de proyectiles.

Para el denunciante, la cantidad de registros audiovisuales disponibles demuestra que no se trata de un hecho aislado, sino de una secuencia de intervenciones policiales ocurridas durante toda la jornada.

Los delitos denunciados

La presentación judicial plantea la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de vejaciones y apremios ilegales. También solicita que se investigue una eventual omisión de actos propios de la función pública.

En ese marco, el escrito remarca que la existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier accionar ejecutado durante un operativo de seguridad.

Las medidas de prueba solicitadas

Como parte de la investigación, la denuncia pide que el Ministerio de Seguridad entregue el plan completo del operativo, las órdenes impartidas y la identificación de los funcionarios que participaron en su elaboración y supervisión.

También solicita a la Policía Federal todos los registros audiovisuales disponibles, incluidas cámaras corporales, cámaras instaladas en vehículos y grabaciones de los centros de monitoreo.

Además, se requieren las imágenes de las cámaras de seguridad del Congreso, los archivos originales de fotografías y videos registrados por medios de comunicación y la declaración testimonial de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y demás personas que presenciaron los hechos, detalla el portal de MInuto Uno.