Cristina Kirchner quedó bajo advertencia judicial por las manifestaciones frente a su domicilio
La Justicia intimó a la expresidenta a cumplir las condiciones de su prisión domiciliaria y advirtió que podría revocarle ese beneficio si se repiten manifestaciones que alteren el orden público en la zona de Constitución.
La Justicia intimó a la expresidenta a cumplir las condiciones de su prisión domiciliaria y advirtió que podría revocarle ese beneficio si se repiten manifestaciones que alteren el orden público en la zona de Constitución.
La Justicia intimó a la expresidenta Cristina Kirchner a cumplir las condiciones de su prisión domiciliaria.
La Justicia advirtió a la expresidenta Cristina Kirchner que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si continúan las manifestaciones y concentraciones frente a su vivienda de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La intimación fue realizada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien le exigió cumplir estrictamente las condiciones de detención.
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La medida judicial se produjo tras los incidentes registrados el pasado domingo durante un "banderazo" realizado frente al edificio donde reside la exmandataria. Según la resolución, la movilización provocó cortes de calles, concentración de personas y situaciones que afectaron el normal funcionamiento del barrio.
En ese contexto, el magistrado sostuvo que, de verificarse nuevos incumplimientos, podría dejar sin efecto la prisión domiciliaria y disponer el traslado de la actual titular del Partido Justicialista a una unidad penitenciaria.
La decisión también se apoyó en la participación de la expresidenta en la convocatoria. De acuerdo con la resolución, Cristina Kirchner colocó una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calle y estaba sostenida mediante cables entre su balcón y un edificio ubicado enfrente.
Para el juzgado, las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras en la vía pública afectan la convivencia con los vecinos y contradicen las pautas de comportamiento exigidas para quienes cumplen una pena bajo el régimen de arresto domiciliario.
Además, se señaló que este tipo de intervenciones requieren autorización previa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los hechos podrían incluso constituir una contravención.
La resolución invocó el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que faculta al juez a revocar la modalidad de cumplimiento domiciliario ante incumplimientos injustificados de las condiciones impuestas. Bajo ese criterio, Giménez Uriburu dejó asentado que nuevas situaciones similares podrían derivar en el envío de Cristina Kirchner a una cárcel común.
