Causa Vialidad: la Justicia ordenó embargar el departamento donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario
El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con una segunda etapa de medidas cautelares sobre 144 activos, con el objetivo de resguardar bienes por un valor de $685.000 millones. La resolución alcanza al inmueble de San José 1111, propiedades de Lázaro Bá…
El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con una segunda etapa de medidas cautelares sobre 144 activos, con el objetivo de resguardar bienes por un valor de $685.000 millones. La resolución alcanza al inmueble de San José 1111, propiedades de Lázaro Báez y más de USD 5 millones vinculados a Florencia Kirchner.
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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dictó una nueva tanda de embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, vehículos y participaciones societarias pertenecientes a Cristina Kirchner y a otros ocho condenados en la causa por la obra pública en Santa Cruz. La medida busca garantizar los fondos necesarios para cubrir el decomiso fijado en $685.000 millones.
Entre las propiedades afectadas figura el departamento de la calle San José 1111 en el barrio porteño de Monserrat, perteneciente a la firma Los Sauces S.A., donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria. Los magistrados aclararon que la disposición no implica la ejecución inmediata del inmueble ni la pérdida del dominio en esta instancia, sino que tiene por objeto evitar transferencias o gravámenes mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve sobre la primera tanda de 111 bienes ya apelada por la defensa.
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Esta segunda fase de inhibición patrimonial alcanza 144 bienes, entre los que se incluyen departamentos en el Complejo Madero Center de Puerto Madero, los terrenos del Hotel La Aldea del Chaltén y múltiples propiedades e inmuebles en El Calafate y Río Gallegos. Asimismo, la medida abarca los paquetes accionarios de las firmas Los Sauces y Hotesur —cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner— y los más de USD 5 millones hallados en la caja de seguridad del Banco Galicia atribuida a Florencia Kirchner, al considerar que derivan de los beneficios económicos indirectos de la maniobra juzgada.
