Causa Malvinas: amplían acusación contra petroleras
El fiscal Stornelli sumó a tres firmas de Rockhopper y a Navitas Petroleum por explorar hidrocarburos sin autorización argentina. Pidió información sobre vínculos con intereses británicos.

El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra las petroleras que exploran hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin autorización argentina. En su presentación, incorporó a Rockhopper Exploration PLC, sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y a Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Estas compañías se suman a Desire Petroleum Limited, que ya había sido imputada al inicio de la causa. La investigación busca determinar si las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental próxima a las islas también podrían configurar delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
Exhortos a Reino Unido e IsraelStornelli solicitó que se remitan exhortos al Reino Unido y a Israel para conocer la composición societaria de las empresas y verificar posibles vínculos comerciales con intereses británicos.
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El caso se originó en una denuncia del canciller Pablo Quirno contra las compañías, sus sociedades vinculadas y las personas físicas que hubieran intervenido en su nombre o beneficio. El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N° 11, subrogado por Ariel Lijo.
Antecedentes y marco legalLos antecedentes administrativos se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental. Un año después, la Resolución 457/2013 inhabilitó a la compañía por 20 años para operar en el país.
La hipótesis fiscal sostiene que, pese a esas resoluciones y a cambios en su estructura societaria, la empresa habría continuado utilizando permisos de exploración y explotación en la zona. Según el requerimiento, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en los delitos previstos por la Ley 26.659, que contempla penas de 5 a 10 años de prisión para la exploración no autorizada y de 10 a 15 años para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos.
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La norma también alcanza a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en nombre o beneficio de una persona jurídica. El expediente se enmarca en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre, cuando anticipó acciones diplomáticas, económicas y judiciales por la cuestión Malvinas. En paralelo, el Reino Unido ratificó su política comercial en las islas y calificó de "inaceptables" las sanciones impulsadas por Argentina.
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