Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027: "No estaba enterada"

Resumen para apurados

Patricia Bullrich cuestionó los cambios que el Gobierno incorporó a la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y reconoció que no estaba al tanto de las modificaciones. "No estaba enterada, tenemos que corregir eso", afirmó la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, quien expresó su malestar por la falta de información dentro del oficialismo.

"Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos", explicó la senadora.

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Bullrich señaló que el proyecto ya es analizado en comisiones de la Cámara de Diputados y recordó que existía un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para debatir la normativa.

"El tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo. Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión", sostuvo.

La jefa del bloque oficialista en el Senado insistió en que desconocía el contenido de las modificaciones y cuestionó el impacto político de que una iniciativa de estas características haya llegado al Congreso sin haber sido discutida previamente en la mesa política del Gobierno.

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"No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. Yo no sabía", relató.

"O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas", agregó.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 con el objetivo de actualizar el nomenclador utilizado para determinar los valores que el Estado reconoce por prestaciones y terapias destinadas a personas con discapacidad, en un contexto de fuerte desfasaje entre esos aranceles y la inflación.

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El Gobierno había vetado la norma, pero el Congreso insistió con su aprobación y logró que fuera promulgada. Ante el vencimiento previsto para diciembre próximo, la oposición impulsa una prórroga para evitar que el régimen quede sin vigencia.

El proyecto incluido en el Presupuesto 2027 introduce modificaciones sustanciales al esquema vigente. Entre ellas, elimina el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores de acuerdo con la inflación.

También modifica el funcionamiento del nomenclador único. En lugar de establecer un valor universal para las prestaciones, el nuevo esquema permitiría que cada obra social o empresa de medicina prepaga determine sus propios aranceles.

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Otro de los cambios planteados es la sustitución del criterio de discapacidad basado en el modelo social y de derechos humanos por un concepto vinculado a la "invalidez laboral". Además, el proyecto elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones y establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro de una pensión por discapacidad y el desarrollo de una actividad laboral.

Ayer se realizó un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso la noche anterior.

El debate también expuso diferencias dentro de La Libertad Avanza. Las diputadas Silvana Giudici y Laura RodríguezMachado venían trabajando en una iniciativa propia para modificar el sistema vigente, pero ese proyecto quedó en tensión con los cambios incorporados por el Ejecutivo en el Presupuesto.

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Las modificaciones también generaron cuestionamientos entre algunos de los bloques aliados al Gobierno. Legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la propuesta "cambia completamente la discusión".

Desde el PRO plantearon como puntos centrales la continuidad de la actualización automática del nomenclador y el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones, según estimaciones citadas durante el debate.

Por su parte, desde Provincias Unidas señalaron los posibles efectos legales de que la emergencia en discapacidad pierda vigencia sin que el Congreso apruebe una prórroga. El plenario de comisiones no alcanzó un dictamen y se convocó a una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, con el objetivo de avanzar en un texto consensuado antes del vencimiento del régimen previsto para fin de año.