BONO VERDE. LA RIOJA EXTIENDE DEFAULT AL NO PAGAR UN NUEVO VENCIMIENTO

Se trata del crédito en dólares emitido en 2017, destinado a financiar el Parque Eólico Arauco, cuyo vencimiento final está previsto para 2028. La Rioja argumenta que la situación de sus cuentas no permiten afrontar ese compromiso.

La Rioja se mantendrá en cesación de pagos respecto del bono verde, luego de que el Gobierno provincial confirmara que no afrontará el pago de capital ni de intereses correspondientes al vencimiento previsto para el mes de agosto (24/08/2026).

De esta manera, la Provincia continuará en la situación de default en la que se encuentra respecto de este título de deuda, al no poder hacer frente a las obligaciones financieras previstas.

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Según pudo confirmar RiojaVirtual, la decisión responde a la falta de fondos disponibles para afrontar el vencimiento. Desde el Gobierno provincial sostienen que la situación financiera de La Rioja se encuentra condicionada por la disminución de recursos provenientes del Gobierno nacional y que no afectará el pago de gastos corrientes, principalmente salarios, por esta cuestión.

En ese sentido, la administración de Ricardo Quintela cuestiona particularmente el corte de fondos extracoparticipables, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros recursos de carácter discrecional que, según aseguran, dejaron de llegar a la provincia desde hace dos años.

Desde el Ejecutivo riojano remarcan que La Rioja es una de las provincias que no ha recibido recursos adicionales por fuera de la Coparticipación Federal, situación que, de acuerdo con el planteo oficial, profundizó las dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. En especial ponen énfasis en la deuda por los fondos extracoparticipables que está judicializada y que advierte son más de mil millones de dólares que debe Nación a La Rioja.

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La cesación de pagos comenzó en febrero de 2024, cuando el Gobierno riojano dejó de cancelar una cuota de capital cercana a los US$ 16 millones. Desde entonces, los tenedores de esos títulos iniciaron acciones judiciales en tribunales internacionales para reclamar el cobro de la deuda.

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