Avanza el juicio político contra el intendente de Fraile Pintado

En una jornada decisiva para la vida institucional del municipio de Fraile Pintado, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Juri y Reclamaciones que da inicio formal al proceso de juicio político contra el intendente José Cardozo.

La medida fue respaldada por los votos de cuatro concejales entre ellos, Juan José Di Bello, Marcelo Illanes, Matías Carabajal y Melisa Russito, luego de la acumulación de más de 50 pedidos de informes sin responder y la presentación de contundentes denuncias por abusos de poder y presunta malversación de fondos públicos.

Abuso de autoridad

El expediente incorpora alarmantes testimonios de trabajadoras y exempleadas municipales que señalan un patrón de persecución, hostigamiento y acoso sexual ejercido tanto por el jefe comunal como por integrantes de su gabinete directivo, así lo informó la concejal Melisa Russito, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Según su relato, uno de los casos recae sobre una trabajadora con diez años de antigüedad e integrante de la planta permanente, quien denunció formalmente violencia laboral y acoso por parte del secretario de Obras Públicas, Hugo Orlando Cruz, y del jefe de Gabinete, Ariel Iván Castillo. Según la acusación, tras ser trasladada de área y negarse a acompañar en términos personales al funcionario, la empleada fue sometida a tratos denigrantes, llegando al extremo de restringirle el acceso a los sanitarios y aislarla de las dependencias, según detallo Russito.

Acto seguido, se le fabricó un sumario administrativo para revocarle la planta y disponer su cesantía. En esta presentación, el intendente José Cardozo es señalado como presunto cómplice por encubrimiento y omisión.

Un segundo testimonio refiere a Karen Fernández, exsecretaria privada del intendente desde su asunción en 2023. Según la edil, la denunciante afirmó haber recibido proposiciones indecorosas y acoso sistemático. Tras rechazar los avances, fue reasignada al área de Comercio en la vía pública, donde continuó sufriendo persecución.

Según consta en la denuncia, el propio intendente le sustrajo el teléfono celular con la promesa de reponérselo para eliminar audios y mensajes probatorios, devolviéndoselo posteriormente formateado de fábrica previo a tramitar su despido.

La documentación presentada ante la comisión incluye además el caso de una trabajadora con estabilidad laboral amenazada con la quita de su puesto mientras atravesaba la grave enfermedad de su hijo. Debido a la quita de la planta y la subsecuente pérdida de estabilidad económica, el viaje derivado para un trasplante en el Hospital Garrahan se demoró, desenlace tras el cual se produjo el deceso del menor.

Irregularidad financiera

A la par de las causas por violencia institucional, el cuerpo deliberativo fundamentó la apertura del proceso en el rechazo de la Rendición Anual 2025 por severas inconsistencias presupuestarias e inconsistencias documentales de respaldo.

Entre los hallazgos de las investigaciones legislativas destaca la adquisición de un colectivo defectuoso por un valor de $35.000.000 (cuyo valor de mercado se calcula en $18.000.000) y la compra de instrumentos musicales por $20.000.000.

Ambos pagos fueron facturados a nombre de una persona con domicilio en Córdoba, inscripta en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) como monotributista bajo el rubro de "kiosco" apenas dos meses antes de concretar las operaciones.

Asimismo, los concejales denunciaron la existencia de una partida imprecisa por $168.000.000 en el balance anual imputada a supuestas deudas con proveedores, sin que exista detalle de bienes, servicios o nómina de acreedores que respalden el egreso.

Retención de haberes

En el marco del enfrentamiento institucional generado por las fiscalizaciones, el intendente Cardozo suspendió desde el mes de enero el pago de sueldos a 22 familias de empleados pertenecientes al Concejo Deliberante.

Esta medida provocó la paralización administrativa de la institución y la judicialización de la causa por conflicto de poderes, sumada a la demanda penal iniciada por los trabajadores afectados, quienes a pesar del desabastecimiento económico continúan asistiendo a cumplir sus funciones, aunque no en la totalidad de las horas como debiera ser.

Con la aprobación del dictamen de mayoría de la Comisión de Juri y Reclamaciones, se abre formalmente la etapa probatoria donde el intendente Cardozo deberá ejercer su derecho de defensa ante el pleno del órgano deliberativo.

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