Adorni presentó su descargo por presunto enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni presentó ante la Justicia federal el descargo que debía responder antes de que venciera el plazo fijado por el juez Ariel Lijo en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El escrito, a cargo de su abogado Matías Ledesma, busca dar respuesta a los 20 puntos que planteó el fiscal Gerardo Pollicita sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de inmuebles, un auto, mejoras edilicias y otros gastos declarados entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Uno de los ejes del cuestionario apuntaba al origen de sumas en efectivo declaradas bajo el rubro "venta de activos" —montos que en conjunto superan el millón y medio de dólares entre 2023 y 2024—. La defensa remitió a un anexo con el detalle patrimonial completo del exfuncionario para justificar esas cifras y sostuvo que las rectificaciones posteriores de las declaraciones juradas responden al ejercicio regular del derecho a rectificar, y no a un indicio de ocultamiento.

Respecto de los préstamos informales invocados con dos familiares —su madre, Silvia Pais, y Norma Zuccolo—, el escrito argumenta que se trata de contratos privados que, según el Código Civil y Comercial, no requieren instrumento público ni registración para ser válidos entre las partes, y remarca que ambos mutuos ya figuraban en declaraciones juradas previas.

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Sobre el Jeep Compass, la presentación explica que el vehículo se obtuvo por permuta del Renault Captur que el matrimonio Adorni-Angeletti tenía desde 2021, sin desembolso en efectivo por el valor del rodado, y detalla transferencias bancarias por $2.000.000 y pagos con tarjeta a la concesionaria Detroit 1925 S.A. como únicas erogaciones asociadas a esa operación.

En cuanto a la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, valuado en US$120.000, la defensa sostiene que se pagó con un mutuo hipotecario por US$100.000 sobre otra propiedad y el saldo en efectivo. También abordó los US$245.000 que, según el requerimiento fiscal, se habrían pagado al contratista Matías Tabar por la remodelación de esa vivienda: el escrito afirma que el monto efectivamente abonado fue menor al declarado por el propio contratista y atribuye la diferencia a errores en los recibos presentados.

Sobre el departamento de Miró 550, la justificación indica que los US$30.000 pagados en efectivo en la escritura, así como los muebles adquiridos también a Tabar, salieron de los mismos ahorros en dólares que el exfuncionario detalló al inicio del descargo.

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Uno de los tramos más técnicos del escrito se refiere a la operatoria con criptomonedas. La defensa presentó un informe que registra actividad on-chain en ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, es decir, antes de que Adorni abriera cuentas en plataformas como Binance, Buenbit y Lemon. El argumento central es que, en esos años, la compra minorista de bitcoin en la Argentina se hacía mayormente fuera de exchanges regulados —que recién se popularizaron desde 2019—, a través de operaciones entre particulares y sin dejar rastro bancario identificable.

El descargo también responde por qué distintas personas del entorno familiar aparecen vinculadas a movimientos bancarios o como usuarias adicionales de tarjetas de crédito. En el caso de Silvia Pais, la defensa asegura que sus consumos fueron siempre cancelados por ella misma, mediante pagos directos o depósitos previos al vencimiento de cada resumen. Sobre una factura de una concesionaria por más de $4.000.000 a nombre de Bettina Angeletti, el escrito niega que corresponda a un vehículo no declarado y sostiene que esa factura nunca fue remitida ni abonada.

Con la presentación ya en el expediente, el fiscal Gerardo Pollicita deberá evaluar si las explicaciones y la documentación aportada alcanzan para justificar la evolución patrimonial de Adorni durante el período investigado. Si las respuestas no resultan suficientes para la Justicia, la causa podría avanzar hacia una indagatoria contra el exjefe de Gabinete.

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