Adorni no podrá salir del país sin aviso previo: la decisión judicial en la causa por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, deberá informar a la Justicia antes de salir del país, luego de que el juez federal Ariel Lijo hiciera lugar a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. La medida se enmarca en la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito del exfuncionario.

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, el fiscal Pollicita —a cargo de indagar el patrimonio de Adorni— no consideró que existiera riesgo de fuga ni maniobras para entorpecer la investigación. Sin embargo, solicitó que cualquier viaje al exterior sea notificado previamente, de manera que el tribunal pueda evaluar en cada caso si resulta razonable y oportuno autorizarlo.

El juez avaló ese pedido, en lo que constituye la primera restricción que recae sobre Adorni desde que se inició el expediente. La medida alcanza únicamente al exfuncionario y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también está siendo investigada.

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Antes de esta resolución, la defensa de Adorni —representada por el abogado Matías Ledesma— ya había presentado un escrito aclarando que el exfuncionario se encuentra en el país y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo. Esa aclaración surgió después de que circularan versiones sobre una posible mudanza a Uruguay, tras su salida del Gabinete nacional.

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, ambos denunciantes en la causa, habían solicitado medidas más severas: la detención de Adorni o, en su defecto, la prohibición de salida del país junto con la retención de su pasaporte. Tanto el fiscal como el juez descartaron estos planteos.

Para fundamentar el rechazo, Pollicita sostuvo que el exfuncionario no generó demoras ni obstáculos en el desarrollo de la causa. Incluso las conversaciones que mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que este declarara como testigo no fueron interpretadas como un intento de entorpecer la investigación, ya que finalmente el testimonio de Tabar resultó perjudicial para Adorni, lo que descartaría una influencia indebida.

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Tabar es el contratista que llevó adelante la remodelación de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, una obra en la que —según se supo— se invirtieron alrededor de 245.000 dólares.

El fiscal también tuvo en cuenta que Adorni no registra antecedentes penales, que posee bienes en la Argentina y que mantiene su residencia habitual junto a su familia, elementos que descartarían el riesgo de fuga alegado por los denunciantes.

En las próximas semanas, Adorni deberá presentar explicaciones formales ante la Justicia. El fiscal Pollicita avanza en la elaboración de un requerimiento de justificación patrimonial, que se apoyará en un informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Ese estudio buscará determinar si existen inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario y, de ser así, cuál sería su magnitud.

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Se espera que ese informe esté disponible antes de que comience la feria judicial de invierno, dentro de aproximadamente tres semanas. A partir de ese requerimiento, Adorni tendrá la posibilidad de explicar el origen de sus bienes. Públicamente, el exfuncionario ya había mencionado que contaba con 500.000 dólares no declarados, producto de inversiones en criptomonedas, una versión que todavía no fue corroborada judicialmente.

Si sus explicaciones no logran despejar las dudas del fiscal, la causa podría avanzar hacia un llamado a declaración indagatoria.

En los últimos días declararon los últimos testigos antes de esa eventual etapa: tres empleados de la Vocería Presidencial reconocieron haber prestado su nombre o sus tarjetas de crédito para que Adorni realizara compras de manera indirecta, lo que alimenta las sospechas sobre un posible ocultamiento de gastos no justificables con sus ingresos formales.

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